En el departamento del Cauca, un juez condenó a Jan Carlos Mosquera, disidente de las Farc, a seis años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado.

Mosquera había sido capturado por la guardia indígena en el municipio de Piendamó, luego de que lo sorprendieran atracando a un grupo de ciudadanos que transitaban por una vía de la zona.

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De acuerdo con las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación, la guardia indígena identificó a Mosquera, razón por la cual precisaron que al determinar que era uno de los responsables del hurto masivo, las pruebas fueron presentadas ante el juzgado, que llevó al juez a tomar la decisión.

Con los testimonios de la guardia indígena y la evidencia recaudada, la Fiscalía radicó la acusación en contra de Jan Carlos Mosquera con el propósito de pedir al juez de conocimiento la condena del disidente de las Farc.

“Un fiscal local de hurtos y estafas de la Seccional Cauca, en coordinación con funcionarios del CTI, la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a Jan Carlos Mosquera Rodríguez. El procedimiento se cumplió en la estación de Policía de Piendamó, donde el hombre permanecía detenido”, precisó la Fiscalía.

Para el ente acusador, el material probatorio permite concluir que la persona sería el responsable del atraco, motivo por el cual debe cumplir con una pena privativa de la liberta, así como la condena de otros procesos que estarían en proceso.

“El fallo se relaciona con hechos ocurridos el 24 de junio de 2024, en la vereda La Venta, del municipio de Cajibío, donde en compañía de otra persona intimidaron a varias personas a quienes les hurtaron el dinero, teléfonos celulares y demás elementos personales”, indicó el ente acusador.

E insistió la Fiscalía: “Al intentar huir, integrantes de la Guardia Indígena capturaron a los dos hombres y los entregaron a la Policía Nacional. Al parecer, el procesado sería integrante de la red de milicias urbanas de la disidencia Jaime Martínez, y sería el encargado de realizar extorsiones a comerciantes y transportadores de Cajibío y Piendamó”.

Recientemente, el Ejército Nacional recuperaron a dos adolescentes que estaban a punto de enlistarse en las filas de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Estos jóvenes, que habían sido reclutados en el Cauca, fueron interceptados en un puesto de control en la vía al Llano, mientras eran trasladados hacia el municipio de Mesetas (Meta).

Durante la operación, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que inició un proceso de restablecimiento de derechos, incluyendo atención médica y acompañamiento psicológico.

A este caso se suma el resultado de una operación militar llevado a cabo en el municipio de Calamar (Guaviare), donde dos menores de edad, de 16 y 17 años, se entregaron voluntariamente a las autoridades tras haber sido reclutados por el mencionado grupo armado ilegal.

Según informó el Ejército Nacional, los adolescentes habían sido reclutados en el Cauca y trasladados al Guaviare para integrar el frente Armando Ríos, liderado por alias Paisa Duber, un cabecilla recientemente abatido por las Fuerzas Militares.

Las Fuerzas Militares destacaron que estas acciones forman parte del plan de campaña Ayacucho Plus, que busca combatir el reclutamiento forzado y proteger a la niñez en las regiones más vulnerables del país.

Del mismo modo, se desplegaron todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores recuperados, priorizando su protección frente a los abusos sufridos durante su tiempo en los grupos armados.

Los casos reportados son solo dos de los múltiples episodios que reflejan la gravedad del reclutamiento forzado de menores en el país, una problemática que, según la Defensoría del Pueblo, dejó 533 víctimas en 2024.

El informe actualizado por la Defensoría reveló que de los 533 casos registrados el año pasado, 323 corresponden a niños y adolescentes, mientras que 210 son niñas y adolescentes.