Emilio Tapia ya está en libertad, pese a ser dos veces condenado por corrupción tras escándalo de Centros Poblados

El 15 de abril del 2025 se confirmó la salida de prisión del contratista Emilio José Tapia Aldana, que fue uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción de Centro Poblados en el que se perdieron $20.000 millones del Estado colombiano.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla otorgó el beneficio de casa por cárcel luego de haber cumplido 48 meses en prisión y entregar $2.500 millones obtenidos de manera ilícita.

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“La evaluación de arraigo familiar y social del señor Emilio Tapia Aldana demuestra que cuenta con una estructura de apoyo robusta que favorece su reintegración a la sociedad”, indicó el fallo.

El contratista está en su casa junto a su pareja, la congresista de Córdoba y del Partido de la U, Saray Robayo, que lo acompañará en el periodo de prueba de 27 meses y 20 días, tiempo de condena que le resta para cumplir con la pena de seis años y ocho meses impuesta, según información de El Colombiano.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del juzgado, ya que considera que Tapia debería seguir en presión por sus delitos.

En paralelo, la entidad aseguró que primero debía comprobarse el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión El Bosque. Esto, permite “suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena”. Sin embargo, esta petición no avanzó, lo que dejó habilitado el procedimiento para que se revisara si tenía otra condena en su contra.

Ahora, mientras está en libertad condicional en su residencia en Barranquilla, Atlántico, el contratista deberá abonar $1.265 millones del dinero que obtuvo de manera ilícita y en octubre de 2025 el valor restante para comportar $4.714 millones para cumplir con sus compromisos con la justicia colombiana.

El empresario Emilio Tapia volvió a estar en el centro de la controversia judicial luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente el 24 de mayo de 2023 por su papel en el escándalo de corrupción relacionado con la Unión Temporal Centros Poblados, así como por presuntas irregularidades en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.

En cuanto al caso de Centros Poblados, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía revelaron que Tapia fue clave en la creación fraudulenta de la unión temporal, utilizando información falsa con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos en la contratación estatal. De esta manera, logró que el millonario contrato para llevar conectividad a zonas rurales del país fuera adjudicado a su grupo.

Una vez se firmó el contrato, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) desembolsó un anticipo por $70.000 millones; de ese monto, Tapia habría recibido $6.182 millones. Según las investigaciones, giró $1.118 millones a los empresarios que le “prestaron” su experiencia para constituir la unión temporal, mientras que los $5.064 millones restantes los destinó a gastos personales.

Sumado a estos escándalos, también estuvo vinculado al carrusel de la contratación, en el que junto a los hermanos Nule y el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno desaparecieron los recursos que iban a estar destinados a los arreglos y remodelación de la calle 26 de la capital del país.

Su participación en el escándalo de corrupción le valió una condena de 17 años en prisión en 2015, que se redujo por reconocer su responsabilidad y culpabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la adjudicación y ejecución irregular de los contratos 071 y 072 de 2007, destinados a mejorar la malla vial de Bogotá.