El Tribunal Administrativo de Antioquia tomó medidas contundentes contra la Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) al declararlos en desacato y sancionarlos con una multa.
Esta decisión responde al incumplimiento de una sentencia emitida el 10 de mayo de 2022, que ordenaba la implementación de un plan integral para abordar la grave vulneración de derechos colectivos en la zona conocida como el Bronx de Medellín.
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Según el fallo del tribunal conocido por Caracol Radio, las autoridades responsables no han cumplido con las acciones necesarias para recuperar el control de esta área, que sigue bajo el dominio de bandas criminales.
De acuerdo con la información presentada por el demandante del caso, Jesús Antonio Sánchez, el municipio no ha liderado el Plan Integral Focalizado que debía implementarse para atender la problemática de la zona.
Durante una audiencia de verificación realizada el 22 de marzo de 2023, el apoderado del municipio no presentó avances concretos sobre las acciones ordenadas por el Tribunal, lo que evidenció la falta de cumplimiento casi tres años después de la sentencia inicial.
El Tribunal ha señalado que la situación en el Bronx de Medellín sigue siendo crítica debido a la inacción de las autoridades locales y nacionales. La zona continúa bajo el control de bandas criminales dedicadas al microtráfico y otros delitos, lo que representa una amenaza constante para la seguridad y los derechos de los habitantes.
Según consignó el Tribunal, las órdenes emitidas para retomar el control del área no han sido atendidas de manera efectiva, y las denuncias de amenazas y otros delitos presentadas desde 2020 y 2021 no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes.
En este contexto, el papel de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación también ha sido cuestionado. Ambas instituciones han sido acusadas de negligencia en sus esfuerzos por erradicar la criminalidad en la zona y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El incidente por desacato fue interpuesto en junio de 2023, cuando los residentes señalaron que el sector había sido invadido durante los últimos cinco años por aproximadamente 800 habitantes de calle.
Estas personas, que pernoctaban en las calles y consumían drogas en siete plazas de vicio al aire libre, habrían contribuido al éxodo de vecinos y comerciantes. Sin embargo, la situación se agravó cuando estas plazas fueron controladas por grupos delincuenciales.
En un intento por demostrar que estaba cumpliendo con el fallo, la Alcaldía de Medellín aseguró haber realizado una reunión con la comunidad el 26 de abril de 2023 para discutir posibles soluciones.
Sin embargo, el abogado defensor de los afectados desmintió esta afirmación, señalando que no se habían tomado acciones concretas para resolver la crisis. Según una misiva presentada por el abogado, la audiencia de verificación de cumplimiento realizada el 10 de mayo de 2023 evidenció que el municipio no había liderado el plan integral focalizado que le fue ordenado.
Los residentes también expresaron su frustración ante la falta de medidas efectivas. Un comerciante del sector señaló que las acciones de la alcaldía se limitan a enviar equipos de limpieza o patrullas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), pero que estas intervenciones no generan cambios duraderos. “Al otro día es la misma cosa, la misma gente y la misma basura”, afirmó el comerciante a El Colombiano.
Ante la inacción de las autoridades, los afectados presentaron el incidente de desacato contra la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.
Este recurso fue admitido por la sala tercera de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y comprometió directamente a varias figuras clave, entre ellas al exalcalde Daniel Quintero, la exsecretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Isabel Cristina Cadavid, y el excomandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Carlos Humberto Rosas.
El incidente también incluyó a la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y a la directora seccional de Fiscalías. Según los denunciantes, estas autoridades no han cumplido con las disposiciones del fallo judicial, lo que ha perpetuado la crisis en El Bronx.
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