
El concejal de Bogotá Angelo Schiavenato reveló una denuncia que ha puesto en entredicho la validez del proceso de nombramiento de Leidy Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Según Schiavenato, Pinilla habría presentado una certificación laboral falsa para cumplir con el requisito de “arraigo” que estipula la Ley 1421 de 1993, esencial para ser nombrado en este cargo.
La denuncia, publicada por Schiavenato a través de sus redes sociales, y dada a conocer en su intervención en el Concejo de Bogotá, señala que Pinilla habría obtenido una certificación de la Corporación Solidaridad y Trabajo, en la que se afirma que ella prestó sus servicios para dicha entidad desde el 5 de enero de 2020 hasta el 4 de diciembre de 2024. Sin embargo, el concejal sostiene que existen serias dudas sobre la autenticidad de este documento.
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De acuerdo con el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, para ser nombrado alcalde o alcaldesa de una localidad en Bogotá, es necesario demostrar un arraigo, lo que implica haber vivido o trabajado en la localidad durante al menos dos años previos al nombramiento. Schiavenato enfatizó que este es un requisito esencial y habilitante para que la persona pueda ocupar el cargo.
En este contexto, Pinilla habría cumplido con la exigencia del arraigo mediante la certificación laboral de la Corporación Solidaridad y Trabajo. Sin embargo, el concejal cuestiona la veracidad de esta relación laboral, alegando que existen varios indicios que sugieren que la certificación es falsa.
El concejal Schiavenato presentó una serie de pruebas que, según él, demuestran la falsedad de la certificación. Uno de los hechos que más ha llamado la atención es que, en enero de 2023, Leidy Pinilla firmó una declaración juramentada ante el Ministerio del Trabajo en la que negó tener contratos vigentes con otras empresas o entidades, incluida la Corporación Solidaridad y Trabajo.

Esta declaración, que según Schiavenato fue necesaria para la firma de un contrato con el Ministerio del Trabajo, entra en contradicción con la certificación laboral que la candidata presentó para sustentar su nombramiento.
“La señora Leidy Marcela Pinilla Pinilla afirmó bajo juramento que no tenía ningún vínculo laboral vigente en enero de 2023. Sin embargo, el certificado de la Corporación Solidaridad y Trabajo asegura lo contrario”, afirmó Schiavenato. El concejal añadió que, según su investigación, la Corporación Solidaridad y Trabajo no tiene registros que validen dicha relación laboral durante el período señalado.

Schiavenato dejó en claro que, en caso de que las autoridades competentes no investiguen a fondo este asunto, podrían verse involucrados en un proceso legal debido a la posible falsificación de documentos oficiales.
“Quiero dejar una constancia muy grave para que el alcalde Gustavo Petro y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, no puedan alegar desconocimiento ni falta de información si finalmente se confirma que este nombramiento está basado en documentación falsa”, recalcó Schiavenato.

Además, el concejal pidió a las autoridades competentes, incluido el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación, que abran una investigación exhaustiva sobre este caso para esclarecer la veracidad de los documentos presentados por Pinilla y determinar si se ha incurrido en algún delito.
Frente a ello, es importante resaltar que, en medio de la creciente controversia, la Corporación Solidaridad y Trabajo no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de falsificación de documentos.
El caso de Leidy Marcela Pinilla sigue siendo un tema de debate en Bogotá. A medida que se presenten nuevos detalles, las autoridades deberán tomar decisiones que podrían sentar un precedente importante en cuanto a la veracidad de los documentos utilizados para el nombramiento de alcaldes y funcionarios públicos en la capital del país.
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