El 6 de abril de 2025, el país quedó conmocionado por el brutal asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años residente de Bello, Antioquia, que fue atacada por un grupo de personas por pertenecer a la comunidad Lgbt+.
Los victimarios la golpearon hasta romper los brazos y las piernas, luego lanzaron el cuerpo a la quebrada La García, donde murió poco después. “Algunas versiones indican que los agresores no permitían que fuera rescatada. Eso es profundamente doloroso”, explicó José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello.
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Tras los hechos, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo institucional urgente, para evaluar la implementación de medidas de prevención y protección más efectivas para las personas Lgbt+.
De igual manera, expresó su preocupación por el alto índice de ataques y homicidios a personas transgénero, en lo que va de 2025 han denunciado más de 10 casos.
“Frente a la creciente situación de violencia contra esta comunidad, que ya suma 13 casos en lo corrido de 2025, de los cuales seis se han presentado en el departamento de Antioquia, surge la necesidad de implementar medidas efectivas para contrarrestarla”, explicó la entidad.
En la reunión, a la que asistieron representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ministerios del Interior e Igualdad, se plantearon diferentes estrategias para informar en tiempo real sobre las amenazas y adoptar medidas conjuntas de atención para prevenir que estas se concreten.
Néstor Iván Osuna, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades competentes para acelerar las investigaciones, aclarar las circunstancias que rodearon estos hechos y judicializar a los responsables.
“Necesitamos que todas las personas, independientemente de sus afectos, de sus actividades, de sus preferencias, de sus ingresos, en fin, del lugar en el que vivan, puedan al final de cada día regresar tranquilos o tranquilas a sus casas, desarrollar su vida en libertad, con seguridad y sintiendo que el Estado está allí para protegerlas y protegerlos”.
Asimismo, Osuna pidió que se activen de manera urgente las rutas de prevención y protección que establece la ley, con el fin de garantizar la vida e integridad personal de la población . A propósito, invitó a la ciudadanía a rechazar y no viralizar este tipo de publicaciones en redes sociales por respeto a las víctimas y sus familiares.
Sumado a las acciones de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, de la mano del general Carlos Fernando Triana, director de la entidad, anunció la disposición de un grupo especial de investigación que se hará cargo del crimen de Sara Millerey.
“¡Crimen de Sara no quedará impune! Tal como lo ha advertido el señor Presidente de la República, los asesinos de Sara Millerey González deben caer. Ya conformamos un grupo especial de investigación, articulado con el CTI de la @FiscaliaCol, que lidera cuatro componentes: técnico, policía científica, análisis criminal y judicial”, escribió en su cuenta de X
El director de la Policía ratificó que se sostiene la recompensa de $100 millones que se había anunciado días atrás para quienes deseen colaborar con la justicia y brindar información sobre los responsables de este hecho, que contribuya a su ubicación para ordenar la diligencia de captura.
Las últimas horas de Sara Millerey
Los familiares de Sara Millerey contaron cómo fueron sus últimas horas de vida. En el relato explicaron que fue a buscar dinero prestado donde uno de sus allegados y luego no volvieron a saber de ella hasta que los notificaron de su asesinato.
“Una hora antes estuvo en la casa de un tío pidiéndole plata, porque acostumbraba a hacerlo. Le dijo que le diera 10.000 pesos para un jabón y una ropa, pero él solo le dio 5.000 pesos, por lo que se fue molesta”, comentaron a El Colombiano.
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