Gobernador de San Andrés denunció injerencia de Nicaragua, tras fallo que anuló su elección: “Corremos riesgos geopolíticos”

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vuelve a estar en el centro de la controversia política del país. El pasado 3 de abril, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del departamento, argumentando que incurrió en doble militancia al respaldar candidatos de otros partidos políticos durante su campaña, a pesar de haber sido avalado por el Partido Liberal Colombiano.

La decisión del alto tribunal se sustenta en pruebas contundentes que demostrarían la participación de Gallardo en apoyo a aspirantes de otras colectividades. Entre ellas, un video que fue clave en el proceso judicial, donde se le escucha decir: “Necesitamos marcar por la Asamblea, por un amigo que tiene todas las cualidades para esa corporación y tiene todo mi respaldo”, en referencia a un candidato del Nuevo Liberalismo, partido con el que además estaban en coalición el Partido Conservador y Colombia Justas Libres.

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Este respaldo explícito fue considerado una infracción a la Ley 1475 de 2011, que prohíbe a los candidatos apoyar aspirantes diferentes a los inscritos por el partido que los respalda.

Aunque el fallo ya está en firme, Gallardo ha reaccionado con contundencia y preocupación. En entrevista con la revista Semana, el ahora exgobernador aseguró que la decisión tiene implicaciones más allá del plano legal y podría afectar la estabilidad de la región en un momento delicado.

“Es un fallo bastante preocupante en materia geopolítica, económica y social en el territorio, ya que el departamento del Archipiélago ha venido viviendo una situación de inestabilidad política y social, y esto repercute en efectos económicos en los últimos años. Este fallo es adverso a otros que han sido favorables. (…) Nos preocupa que este tipo de decisiones del pueblo, de la comunidad, se vean afectadas”, afirmó.

Además, Gallardo puso en duda la legalidad y consistencia del proceso judicial. Señaló que desde la etapa inicial del litigio hubo irregularidades que podrían invalidar el fallo: “Desde ya la defensa jurídica va a tomar todas las medidas del caso. Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar”, aseguró, advirtiendo al tiempo que las pruebas utilizadas no contaban con la debida cadena de custodia, y que habrían sido manipuladas o alteradas.

Uno de los puntos más controversiales que expuso Gallardo fue la mención de una posible injerencia extranjera en el proceso político del archipiélago. Consultado por Semana sobre versiones que apuntan a un supuesto interés del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su salida del cargo, Gallardo fue enfático en expresar su preocupación: “San Andrés corre serios riesgos en materia geopolítica. Definitivamente, es preocupante cualquier tipo de manifestación o de comentario que se genere en torno a nuestra situación geopolítica, que seguramente afecte en lo social”.

Aunque no confirmó una intervención directa, Gallardo advirtió que la inestabilidad política puede abrir la puerta a intereses foráneos que pongan en riesgo la soberanía del archipiélago: “Nosotros nos preocupa esta inestabilidad política que ha venido viviendo el territorio, no solamente ahora, sino en el pasado, que lo único que hace es tener la posibilidad de que otros actores puedan estar revisando cosas diferentes a los intereses nacionales y a los de nuestra comunidad”.

Además, recordó que la historia reciente ha dejado al archipiélago en una posición frágil, especialmente desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que en 2012 otorgó a Nicaragua amplias áreas del mar Caribe previamente administradas por Colombia. “Estos fallos adversos que van en contra de la voluntad del pueblo y la voluntad popular lo único que hacen es exponernos, así como fue una defensa débil en algún momento (…) cuando comenzó el proceso con Nicaragua y no se tuvo en cuenta una defensa férrea de las cartas de navegación”, subrayó.

El exmandatario departamental anunció que continuará ejerciendo funciones mientras el proceso sigue su curso legal y no haya una decisión definitiva de fondo. Reiteró que su equipo jurídico trabaja en estrategias de defensa, incluyendo la presentación de una acción de tutela para proteger los derechos políticos de la comunidad raizal que lo eligió en las urnas.

Además, reveló que acudirá a instancias internacionales para salvaguardar la legitimidad de su elección: “Vamos a pedir unas medidas cautelares ante la Cidh, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial”.