Aunque durante el paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque una de las banderas era la indignación por los crímenes en contra de los líderes sociales, en la actual administración del presidente Gustavo Petro, este flagelo ha tenido una reducción mínima y está muy lejos de acabar.
En el más reciente informe de la ONG Somos Defensores, que se titula como Sin Protección, señalaron que en 2024 hubo una reducción mínima del 7 % en los crímenes en contra de estas personas que representan a sus comunidades o trabajan por la defensa de los Derechos Humanos en el país pasando de 168 homicidios en 2023, a 157 el año pasado.
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Señalaron que la situación sigue siendo alarmante y que ellos siguen sin garantías en Colombia, ya que la cifra de homicidios, de por sí alarmante, son parte de un total de 727 agresiones documentadas contra líderes sociales en 2024.
Entre ellas se tienen documentadas amenazas (404 casos), atentados (62), desplazamientos forzados (44), secuestros (24), desapariciones forzadas (17), robos de información (7), detenciones arbitrarias (5), torturas (5) y agresiones sexuales (2).
Aunque el número total de agresiones disminuyó en un 4 %, en comparación con los 765 casos registrados en 2023, la ONG subraya que la reducción no es suficiente para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en el país.
En Somos Defensores reiteraron que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por implementar la política de paz total, los líderes sociales y sus comunidades permanecen en una situación de alta vulnerabilidad. Según el documento, durante 2024 el Ejecutivo optó por establecer ceses al fuego bilaterales con diversos actores armados, en lugar de acuerdos multilaterales que habrían sido más efectivos para reducir los riesgos en las zonas afectadas por el conflicto.
Esta estrategia, según la ONG, contribuyó a un aumento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que agravó la inseguridad en las áreas rurales. Además, el informe destaca que varias de estas estructuras armadas se fragmentaron mientras participaban en negociaciones y diálogos con el Gobierno, con la consecuencia de que surgió un escenario de violencia selectiva y expansión territorial de estos grupos.
El documento también critica la falta de claridad en la estrategia gubernamental y la ausencia de un marco jurídico sólido para las negociaciones. Según Somos Defensores, esta situación ha impedido establecer “líneas rojas” que garanticen el respeto al principio de distinción y protejan la vida e integridad de los defensores de derechos humanos.
El informe atribuye la responsabilidad de los asesinatos a diversos actores, incluidos grupos posacuerdo de paz, paramilitares, guerrillas y bandas criminales. De los 157 homicidios registrados, en 61 casos (39 %) no se pudo determinar la autoría. Sin embargo, los grupos posacuerdo fueron señalados como responsables en 38 casos (24 %), seguidos por los paramilitares con 14 casos (9 %).
Un dato relevante es el aumento de los asesinatos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que pasó de ser responsable de nueve crímenes en 2023 (5 %) a 13 en 2024 (8 %). Este incremento refleja la persistencia de la violencia ejercida por esta guerrilla, incluso en el contexto de los diálogos de paz promovidos por el Gobierno.
No obstante, Somos Defensores también responsabiliza al Gobierno nacional por no haber respondido de manera efectiva a las alertas emitidas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Según el informe, la falta de acción gubernamental ha contribuido al “cuasi mantenimiento” de los índices de agresiones, lo que evidencia una ausencia de medidas concretas para proteger a los líderes sociales.
El análisis regional del informe muestra que el Cauca fue el departamento más afectado, con 23 asesinatos de defensores de derechos humanos. Esta región, caracterizada por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN y grupos narcotraficantes, enfrenta un panorama de violencia constante.
Le siguen Antioquia, con 19 homicidios, y Valle del Cauca, con 18. Otros departamentos con cifras alarmantes incluyen Arauca (17 asesinatos), Bolívar y Chocó, con siete casos cada uno. Estas regiones comparten características como la presencia de actores armados ilegales y una débil presencia estatal, lo que agrava la situación de inseguridad para los líderes sociales.
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