Alias Douglas, líder de la Oficina de Envigado, fue reconocido como vocero de paz por el Gobierno Petro: esta es la razón

Jose Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, señalado cabecilla de la Oficina de Envigado, fue reconocido como vocero principal de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia) por parte del Gobierno colombiano.

El nombramiento se oficializó por medio de la resolución 094 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, con el propósito de que el hoy condenado a prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, se una al Espacio de Conversación Socio jurídico que desarrolla la administración nacional con varias organizaciones criminales de la capital antioqueña y sus alrededores.

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“Reconocer como vocero principal de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá a José Leonardo Muñoz Martínez (...) para que participe en el Espacio de Conversación Socio jurídico con los representantes del Gobierno nacional, autorizado mediante la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, dirigido a desarrollar conversaciones con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, se lee en el documento oficial.

Además, en la resolución se menciona que el propósito de su nombramiento como vocero de paz es “verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que permita la Ley y construir paz en los territorios”.

Del mismo modo, el Gobierno Petro aclaró que su participación en las mesas de negociación con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá no implica cambios en su situación jurídica ni en su régimen de libertad. “El reconocimiento como voceros de las personas señaladas en los artículos 1 y 2 no modifica su situación jurídica, su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”, se lee en la normativa.

Además de Muñoz Martínez, la resolución también vincula a otros cinco integrantes de bandas delincuenciales como voceros suplentes. Entre ellos, se encuentran Dayron Alberto Muñoz Torres y Walter Alonso Román Jiménez, quienes también forman parte de las estructuras criminales vinculadas a la Oficina de Envigado, así como Andrés Felipe Rodas Montoya, Andrés Torres Flórez y Fredy Alexander Henao Arias, respectivamente.

“El término del reconocimiento como voceros suplentes será el de vigencia de la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, que autoriza la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico”, manifiesta el Gobierno colombiano en el documento.

Actualmente, alias Douglas enfrenta una pena de 32 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, delitos que cometió cuando era el jefe de la banda criminal antioqueña mencionada.

Justamente, la Oficina de Envigado fue una de las estructuras surgidas como un brazo armado del extinto Cartel de Medellín, una organización criminal liderada por Pablo Escobar en las décadas de los 80 y 90′s. Según el registro de las autoridades, la banda criminal fue responsable de numerosos actos de violencia, extorsión y narcotráfico en la región antioqueña.

Esta no ha sido la única decisión emitida por el presidente Gustavo Petro frente al desarrollo de los espacios socio- jurídicos con grupos armados ilegales en Colombia.

A inicios de abril, el mandatario colombiano firmó la resolución 091 de 2025, en la que se suspendieron las órdenes de captura contra varios integrantes del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), entre ellos, se encuentra Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Narco Influencer, uno de los líderes de la estructura criminal, y por quien la Policía Nacional de Colombia ofreció una recompensa de hasta cien millones de pesos por su paradero.

“Por intermedio de la Consejería Comisionada de Paz, comunicar la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, para la suspensión de las órdenes de captura a que haya lugar, durante el término de la vigencia del reconocimiento como miembros representantes”, señala resolución 091 de 2025.

Dicha inclusión en los diálogos de paz con el Gobierno Petro ha generado un intenso debate en el país. Por un lado, algunos sectores consideran que esta medida es un paso necesario para avanzar en la pacificación de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Por otro lado, críticos han señalado que reconocer a un criminal de alto perfil como representante en estos diálogos podría enviar un mensaje equivocado sobre la lucha contra la impunidad.