El Ejército Nacional recupera a dos menores reclutados forzosamente por grupo armado en Guaviare

Dos adolescentes de 16 y 17 años, oriundos del departamento del Cauca, fueron recuperados por el Ejército Nacional de Colombia tras haber sido reclutados de manera forzada por el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Primera “Armando Ríos”.

Según informó el Ejército, los menores se entregaron voluntariamente durante una operación militar llevada a cabo en la vereda Gaitana, en el municipio de Calamar, Guaviare, como parte del plan de campaña Ayacucho Plus.

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De acuerdo con el reporte oficial, los jóvenes habían sido trasladados desde el GAO-r “Jaime Martínez” por órdenes de alias “Marlon” hacia la estructura “Armando Ríos”, liderada anteriormente por alias “Paisa Duber”, quien fue abatido en operaciones recientes. En el momento de su entrega, los menores portaban un fusil de asalto, tres proveedores, 239 cartuchos y una motocicleta, los cuales fueron entregados a las autoridades competentes para su respectivo análisis.

El Ejército Nacional destacó que este caso pone nuevamente en evidencia la persistencia de los grupos armados ilegales en la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estas organizaciones continúan utilizando a niños, niñas y adolescentes en sus filas, recurriendo a engaños y presiones para integrarlos a sus estructuras.

La operación que permitió la recuperación de los menores fue liderada por soldados del Batallón de Infantería N.° 24 “General Luis Camacho Leyva”, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.

Según detalló el Ejército, se desplegaron todas las capacidades institucionales necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes, priorizando su protección frente a los abusos sufridos durante su tiempo en el grupo armado.

Tras su recuperación, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que inició de inmediato un proceso de restablecimiento de derechos. Este proceso incluye atención médica, acompañamiento psicológico y la implementación de medidas para garantizar su recuperación integral.

El Ejército Nacional subrayó que esta acción humanitaria refleja su compromiso con la protección de la niñez y con la lucha contra el reclutamiento forzado, un delito que afecta profundamente a las comunidades más vulnerables del país.

La Cuarta División del Ejército Nacional, a través de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Según informó la institución, continuará trabajando de manera articulada con autoridades civiles, organismos humanitarios y la sociedad en general para prevenir el reclutamiento forzado y construir un futuro libre de violencia para la juventud colombiana.

Este caso se suma a los esfuerzos continuos de las fuerzas armadas por combatir las prácticas ilegales de los grupos armados organizados, que afectan no solo a los menores involucrados, sino también a sus familias y comunidades. La recuperación de estos adolescentes representa un paso más en la lucha por garantizar los derechos de la infancia en Colombia y erradicar el uso de menores en conflictos armados.

La Procuraduría General de la Nación ha señalado que los altos mandos del antiguo secretariado de las Farc implementaron una política sistemática de control sobre los cuerpos y la sexualidad de los menores reclutados en sus filas.

Según un documento de 38 páginas al que tuvo acceso La W Radio, el ente de control ha solicitado a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que modifique las imputaciones contra los exlíderes guerrilleros, argumentando que estos delitos no deben ser considerados únicamente como actos de responsabilidad por mando o de carácter omisivo.

La Procuraduría ha enfatizado que los seis exintegrantes del secretariado, entre ellos figuras como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, habrían actuado como autores mediatos de una política de coerción física y psicológica dirigida a menores de edad.

Esta política, según el documento, buscaba ejercer un control absoluto sobre la intimidad, la sexualidad y los cuerpos de los niños y niñas que formaban parte de la guerrilla.

El informe presentado por la Procuraduría detalla que los actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas no fueron hechos aislados dentro de las filas de las Farc, sino que formaron parte de una estrategia deliberada y sistemática. Según el documento, los altos mandos de la guerrilla no solo toleraron estas prácticas, sino que las promovieron como parte de su estructura de control interno.

El ente de control ha solicitado que la JEP reconozca la gravedad de estos crímenes y que los atribuya directamente a los exlíderes guerrilleros, quienes, según el informe, habrían diseñado y ejecutado estas políticas de manera consciente. La Procuraduría argumenta que limitar la imputación a una responsabilidad por mando o a una omisión sería insuficiente para reflejar la magnitud de los delitos cometidos.