Autoridades alertaron a las instituciones sobre un caso de corrupción competente al sistema penitenciario colombiano en especial, en Santander.
La Fiscalía General de la Nación reveló una presunta red de corrupción dentro de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, Santander. Según las investigaciones, tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y un médico habrían exigido pagos de hasta 6 millones de pesos colombianos a cambio de realizar traslados de internos entre patios del penal.
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Los hechos han ocurrido, según la información oficial, desde septiembre de 2022 y llevó a la judicialización de cinco personas.
De acuerdo con la Fiscalía, citada por el diario santandereano Vanguardia, los funcionarios Jonathan Gordillo Ortiz, Yamid Fernel Delgado y el sargento Yeison González, junto con el exfuncionario del Inpec Fernando Delgado y el médico Hernán Castillo Peña, habrían solicitado dinero a dos internos del penal para gestionar su traslado a otros patios.
La suma exigida, que alcanzaba los 6 millones de pesos, debía ser entregada en diferentes fechas a través de plataformas digitales, con el objetivo de evitar rastros físicos de las transacciones.
El rol del médico Hernán Castillo Peña resultaba clave en este esquema, ya que era el encargado de emitir carnés de vacunación contra la Covid-19 y otros documentos necesarios para justificar los traslados. Según el ente acusador, una vez que los pagos eran realizados, los implicados se encargaban de completar las diligencias administrativas requeridas para efectuar los cambios de patio.
Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra los cinco implicados por el delito de concusión, que se refiere al abuso de autoridad para obtener beneficios económicos indebidos. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.
Según publicó el medio local, un juez de la república determinó que los funcionarios del Inpec Jonathan Gordillo Ortiz, Yamid Fernel Delgado y Yeison González fueran enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, el exfuncionario Fernando Delgado y el médico Hernán Castillo Peña recibieron medidas no privativas de la libertad, aunque seguirán vinculados a la investigación.
La Fiscalía General de la Nación continúa recopilando pruebas para fortalecer el caso contra los implicados. Entre las evidencias presentadas se encuentran registros de las transacciones digitales y testimonios de los internos afectados. Este proceso busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje contundente contra la corrupción en el sistema penitenciario.
Los involucrados fueron dejados en libertad
De acuerdo con información publicada por Blu Radio, cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que habían sido capturados en el departamento de Santander por su presunta implicación en actos de corrupción, fueron dejados en libertad. Este caso, que ha generado atención en la región, pone nuevamente en el foco las denuncias sobre irregularidades dentro del sistema penitenciario colombiano.
Según detalló el medio, las capturas se llevaron a cabo en el marco de una investigación que buscaba esclarecer posibles actos de corrupción cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus labores. Aunque no se especificaron los cargos exactos que enfrentaban, las autoridades habían señalado que los detenidos podrían estar vinculados a actividades ilícitas relacionadas con su posición dentro del Ipec.
El medio radial informó que, tras ser presentados ante un juez de control de garantías, los cuatro funcionarios fueron dejados en libertad. La decisión judicial se basó en la falta de elementos suficientes para mantener la medida de aseguramiento en su contra.
Sin embargo, esto no implica que el caso haya sido cerrado, ya que las investigaciones continúan en curso para determinar si existieron irregularidades y, de ser así, establecer las responsabilidades correspondientes.
La decisión de liberar a los implicados ha generado diversas reacciones en la opinión pública, especialmente en Santander, donde el caso ha sido seguido de cerca. Las autoridades judiciales han enfatizado que la libertad de los funcionarios no significa que hayan sido exonerados de los cargos, sino que se trata de una medida tomada mientras se recopilan más pruebas.
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