Alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo y heredero de “Otoniel”, habló sobre el infructífero proceso de paz con el Gobierno: “Nos ilusionó”

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), hizo duras revelaciones sobre el proceso de desmovilización que intentó establecer con el Gobierno nacional que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro.

En ese sentido, reveló las exigencias del grupo armado ilegal para restablecer las conversaciones que permitan avanzar en el proceso de entrega de armas y reparación a las víctimas. Entre ellas, destacó que el Estado colombiano ofrezca garantías de seguridad y cambio social en territorio bajo su control.

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“Se exige justicia transicional que reconozca nuestra faceta política en los territorios. Igualmente, se exige garantías de seguridad y transformaciones sociales en el territorio de nuestro control para llevar a cabo el proceso de reintegración de toda nuestra tropa y todos los miembros del Ejército Gaitanista de Colombia que están privados de la libertad”, explicó a Semana.

El heredero de alias Otoniel también aseguró que el Gobierno nacional debe de establecer una ruta hacia la legalización de las economías regionales, además de hacer inversiones para impulsar la agricultura en las zonas que están bajo su control.

“Exigimos transformaciones en el territorio, una ruta a la legalización de las economías regionales. Otros cultivos con mercados asegurados, inversiones en agroindustria, comercio y servicios y la formalización de la minería con la participación de la comunidad local deben garantizar un modo de vida digno de la población que habita en los territorios bajo control del EGC”.

De igual manera, habló sobre las falsas promesas del Gobierno Petro para iniciar el proceso de paz, citando el levantamiento de órdenes de capturas para integrantes de la organización, además del cese de operaciones militares en la zona que controlan.

“Hubo muchas promesas, encuentros con los negociadores de paz que nos hicieron albergar la esperanza que un diálogo iba a ser ágil y efectivo para lograr la desmovilización de nuestro ejército y la paz de, al menos, los territorios del EGC”,

Sin embargo, “las exigencias de hechos de paz no han sido correspondidas con las promesas de levantamiento de órdenes de capturas y la respuesta a nuestra voluntad por humanizar la guerra ha sido la presión militar sobre nuestras tropas. Asesinaron a un comandante de nuestro estado mayor conjunto, de nuestra entraña gaitanista: comandante Julián, y han ejecutado, luego de rendirse, a mandos importantes de la negociación”.

Incluso, aseguró que se habían alcanzado a ilusionar en que la paz iba a llegar a los territorios donde ejercen como gobierno. “Íbamos a poder descansar después de tantas décadas en guerra, en que hicimos parte de guerrillas y paramilitares, sin que al final hubiéramos podido concertar políticas que mejoraran la situación de nosotros, los campesinos y habitantes de los territorios apartados de Colombia”.

Desde su perspectiva, al presidente Petro no le importa avanzar en la desmovilización del EGC, ya que la reactivación de la operación Agamenón por parte del Ejército Nacional de Colombia representa el incumplimiento de los acuerdos preliminares que se enviaron al Gobierno.

“Pero más allá de ello, nos preocupan dos cosas. La primera, la volatilidad del presidente Petro, que a ratos nos atribuye por ser una caricatura de meros traquetos que viven en opulencia en las selvas y montañas de Colombia, o de títeres armados al servicio de carteles extranjeros. Sin embargo, a ratos da señales de que quisiera llegar a un acuerdo con nosotros, por el bien del país y de tantos jóvenes, campesinos, civiles y guerreros de décadas que hemos sufrido con la guerra”, agregó.

A pesar de lo que considera una falta de determinación por parte del Gobierno nacional, Ávila Villadiego afirmó que siguen dispuestos a desmovilizarse. Igualmente, “aspiramos a la justicia transicional, pero aquella que sí brinde garantías jurídicas y personales a nuestra tropa y una reparación digna a las víctimas. No puede pasar que se despilfarraran los proyectos productivos y las tierras que se entregaron en su momento, no podemos repetir los errores en que terminó la Ley 975 de 2005″.