La Superintendencia de Sociedades dio inicio a un proceso administrativo contra Enrique Vargas Lleras y otros integrantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), luego de haber recibido sus respuestas a una denuncia elevada por Tania Hernández, exvicepresidenta jurídica de esa entidad.
Según pudo confirmar la emisora colombiana W Radio, la medida fue adoptada con base en la queja formal que presentó Hernández en el mes de febrero.
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En su denuncia, señaló posibles actuaciones irregulares de miembros de la junta directiva de la CCB, entre ellos Vargas Lleras y Alejandro Mejía, así como de la secretaria de la junta, Constanza del Pilar Puentes Trujillo.
La Superintendencia expresó que la investigación se dirige también “contra aquellos miembros de la Junta Directiva, en que, cuando hubo lugar -en las Juntas Directivas de qué trata esta queja-, hayan votado a favor, o, apoyado con su actuar -activo- las decisiones contrarias a derecho”.
El origen del caso está relacionado con una situación previa que involucra denuncias por acoso sexual y maltrato laboral al interior de la Cámara de Comercio.
El periodista Daniel Coronell reveló que Gustavo Andrés Piedrahita, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, fue señalado por “aparente acoso sexual y maltrato laboral” hacia una funcionaria de alto rango en la entidad.
Frente a estos hechos, la Cámara de Comercio activó su Comité de Prevención del Acoso Sexual para indagar las acusaciones.
Dicho comité fue encabezado por la entonces vicepresidenta jurídica, Tania Hernández. Posteriormente, la denunciante presentó su renuncia al cargo, la cual fue reportada públicamente en su momento.
Tras recibir la denuncia formal de Hernández, la Superintendencia de Sociedades procedió a remitir el documento a los directivos señalados.
Una vez las respuestas fueron recibidas, la entidad determinó que había lugar para abrir la investigación administrativa correspondiente.
Entre los investigados también figura la secretaria de la junta, Constanza del Pilar Puentes, quien también fue notificada del proceso.
El caso se sigue desarrollando bajo la supervisión de la Superintendencia, que ahora deberá establecer si existieron o no actuaciones que violen la normativa aplicable al funcionamiento de entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los resultados del proceso podrían tener implicaciones tanto jurídicas como institucionales, dependiendo de los hallazgos que arroje la investigación.
Hasta el momento, los involucrados no se han pronunciado públicamente sobre el inicio de este procedimiento.
La denuncia de Hernández, en todo caso, ha generado atención por involucrar a figuras reconocidas dentro del ámbito empresarial y jurídico de Bogotá, incluyendo al propio Enrique Vargas Lleras, miembro de una familia con trayectoria en la vida pública del país.
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