La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) modificar la imputación de responsabilidades contra exintegrantes del secretariado de las Farc, enfatizando su presunta participación directa y sistemática en actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
De acuerdo con este medio, la Procuraduría considera que dichos delitos no deben ser atribuidos únicamente bajo el concepto de “responsabilidad por mando” o “omisiva”, según un documento de 38 páginas al que accedió La W Radio.
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Entre las revelaciones más impactantes señaladas por la Procuraduría, se incluye la tesis de que los altos mandos de la guerrilla promovieron una política deliberada para ejercer control absoluto sobre los cuerpos y la sexualidad de los menores que integraban sus filas.
“Los seis exmiembros del secretariado fungieron como autores mediatos de una política de coerción física y psicológica contra niños y niñas, dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad”, afirma el documento.
Además, se denunció que excomandantes fueron señalados directamente en episodios de abuso sexual, incluyendo a figuras reconocidas como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo.
Un aspecto clave que resalta el informe es la supuesta ausencia de mecanismos internos efectivos para investigar y sancionar actos de violencia sexual dentro de las filas de la guerrilla.
Según el medio, la Procuraduría desvirtúa la defensa de las Farc, quienes alegan que tales crímenes eran castigados severamente. “No existe evidencia que demuestre consejos de guerra por estos hechos; lo único que hay son menciones superficiales y poco fiables”.
Por el contrario, se sugiere que estas prácticas contaron con el respaldo y validación de los comandantes.
La violencia reproductiva, uno de los ejes más desgarradores del documento, también fue sometida a revisión.
Según el informe, las niñas guerrilleras, muchas de ellas vírgenes, eran obligadas a usar métodos de planificación forzada desde edades tan tempranas como los doce años.
Este proceder buscaba evitar que los abusos sexuales produjeran embarazos. “El carácter forzado y violento de la práctica de anticoncepción debe analizarse junto con las violaciones que se cometieron”, advirtió la Delegada de la Procuraduría ante la JEP.
Además, se denunciaron prácticas atroces en el marco de dicha política, relacionadas con el asesinato y desaparición de recién nacidos de mujeres guerrilleras. Las víctimas declararon haber visto cómo sus bebés, tras nacer vivos, eran asesinados y desechados en ríos o enterrados en la selva.
Para la Procuraduría, el tratamiento de estos casos bajo la categoría de “anticoncepción forzada” contribuye a la “invisibilización” e “impunidad” de estos crímenes.
“Sus hijos nacieron vivos y posteriormente fueron asesinados (…) una conducta de esta gravedad no puede quedar impune”, enfatizó el ente de control en los apartados relevados por el medio.
En cuanto al reclutamiento de menores, la Procuraduría calificó esta práctica como un ataque sistemático dirigido a la población civil, con un impacto que atravesó familias completas.
En diversas comunidades, las Farc presionaban a los padres para entregar al menos un hijo a su causa, monitoreando incluso el crecimiento de los menores para determinar el momento adecuado de su reclutamiento. “Se verificaba la apariencia de idoneidad para el ingreso”, declaró el documento citado, subrayando el uso de métodos coercitivos para consolidar este ataque generalizado.
Otro de los aspectos destacados por La W Radio es la solicitud de la Procuraduría para que se amplíen las responsabilidades hacia otros exlíderes de la guerrilla, como Rodrigo Granda, quien no había sido incluido inicialmente en las imputaciones.
El ente de control argumenta su participación en la Octava Conferencia Guerrillera de 1993, de donde surgieron políticas que, según el ministerio público, facilitaron los crímenes hoy investigados.
La presión sobre la JEP para que reactive la imputación contra el secretariado como autores directos o mediatos de estos crímenes de guerra parece aumentar. “Todo esto y otros argumentos ponen presión sobre la JEP, ante acusaciones tan contundentes que piden no dejar al secretariado como responsable solo por omisión”, señaló La W.
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