El jueves 10 de abril el ministro Armando Benedetti dio declaraciones públicas sobre la erradicación de cultivos ilícitos como meta del Gobierno en los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta las exigencias de Estados Unidos para dar una certificación en ese sentido.
“La política oficial del Gobierno es la erradicación de los cultivos de forma manual para que el Estado haga la compra de los cultivos ilícitos. Eso ha venido funcionando muy bien en los últimos meses. La idea es que de aquí a agosto existan unas treinta mil hectáreas ya erradicadas para completar este año las cincuenta mil. O sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos, por lo que en septiembre nos puede volver a certificar”, señaló.
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Lo que dice Petro sobre glifosato
El Gobierno ha reiterado su compromiso con una política de erradicación de cultivos ilícitos centrada en la sustitución voluntaria y el trabajo conjunto con comunidades campesinas, alejándose de los métodos tradicionales basados en fumigaciones aéreas con glifosato. Esta postura ha sido reafirmada por el presidente Gustavo Petro en medio de un debate nacional reavivado por declaraciones recientes del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La estrategia actual ya arroja cifras significativas: más de 30.000 hectáreas de hoja de coca han sido erradicadas en lo corrido del año mediante métodos manuales. Esta cifra representa un avance importante en comparación con años anteriores, donde predominaban los modelos forzados y el uso de químicos. Según fuentes del Ejecutivo, el modelo vigente promueve acuerdos con comunidades rurales y grupos en procesos de desmovilización, priorizando la erradicación física y la reconversión productiva de los territorios.
“El programa consiste en “arrancar” las matas, que es más definitivo y sano, que fumigar hojas y tallos. Este programa, por acuerdos con el campesinado y por acuerdos con grupos armados en desmovilización, ya alcanza más de 30.000 hectáreas este año, y sigue avanzando.”, comentó.
Una de las apuestas centrales del programa es la remuneración directa a campesinos que deciden sustituir voluntariamente sus cultivos. A estos se les garantiza una compensación económica y acompañamiento para la transición hacia proyectos agroindustriales sostenibles. Además, el Gobierno contempla financiar la incorporación de más mano de obra en zonas donde los cultivos superan determinada extensión, haciendo de la erradicación una estrategia intensiva en empleo rural.
En contraste con este enfoque, algunos sectores del Gobierno, incluyendo el Ministerio de Defensa, han manifestado que el glifosato estará disponible en el país durante el segundo semestre de 2025, debido a contratos y decisiones administrativas heredadas de gestiones anteriores. No obstante, desde el Ejecutivo se insiste en que esta sustancia no será utilizada para aspersión aérea, mecanismo fuertemente cuestionado por sus impactos en la salud pública y el medioambiente.
El ministro Sánchez, tras una aclaración posterior, afirmó que el país cuenta con licencia ambiental para una modalidad de aspersión terrestre, conocida como Pecat (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre). Este modelo, según se explicó, funcionaría únicamente como herramienta complementaria y dependería de concertación previa con las comunidades afectadas. A pesar de esto, la estrategia central del Gobierno sigue girando en torno a la sustitución voluntaria como primera línea de acción.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico en general, el enfoque actual prioriza operativos de interdicción de cargamentos de cocaína tanto en tierra como en rutas marítimas, la captura de altos mandos del crimen organizado, y el rastreo y congelamiento de sus fortunas a nivel internacional. Esta visión busca desarticular las estructuras financieras y logísticas del narcotráfico, más allá del simple control de cultivos.
Las próximas semanas serán clave para observar cómo se afina la coordinación interna del Gobierno frente al tema, así como para monitorear el avance de la erradicación manual y los efectos del modelo de sustitución en las regiones más afectadas por la economía cocalera.
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