Exgobernador de Chocó y hoy Congresista deberá ir a juicio por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido llevar a juicio a Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, representante a la Cámara y exgobernador del departamento de Chocó.

Según informó el tribunal, el político enfrenta acusaciones por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, relacionados con una suma que supera los 1.000 millones de pesos. Este caso se remonta a su gestión como gobernador del departamento de Chocó, donde presuntamente se habrían cometido irregularidades en la adjudicación y liquidación de contratos públicos.

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“La Sala investigó presuntas irregularidades de Palacios Mosquera, como gobernador del Chocó en el trámite y liquidación de contratos para mejorar la plaza de mercado de Istmina, y en un contrato de interventoría. El peculado ascendió a 1.082 millones de pesos”, se lee en el comunicado emitido por el alto tribunal.

Durante su mandato como gobernador, su administración estuvo bajo el escrutinio público debido a cuestionamientos sobre la gestión de los recursos destinados a proyectos sociales y de infraestructura en una de las regiones más vulnerables del país.

La investigación contra el excongresista se remonta al año 2017, cuando ejercía como gobernador de Chocó, en relación con un contrato para la construcción de una plaza de mercado en el municipio de Istmina (Pacífico colombiano), cuyo valor ascendió a 3.435 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación adelantada, dicho convenio habría vulnerado principios fundamentales como la planeación, la transparencia y la economía. Esto se debe a que, al momento de su adjudicación, no se habrían realizado estudios técnicos esenciales, como los de arquitectura, suelos y ambientales, necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto.

“Al encontrarse que el inmueble en el que se desarrollaría el proyecto estaba siendo ocupado por terceros y no permitía la ejecución de la obra, tal y como se contrató”, menciona el alto tribunal en la investigación.

Además, el contrato, que originalmente tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, experimentó significativos retrasos que extendieron su duración a más de 622 días. Durante este tiempo, se realizaron adiciones presupuestarias que, según la Corte Suprema, no habrían estado debidamente justificadas. Estas demoras y modificaciones en los costos han sido señaladas como posibles irregularidades que ahora forman parte de la investigación en curso.

También, se reportó que la falta de estudios técnicos previos no solo habría afectado la planeación del proyecto, sino que también habría comprometido la transparencia del proceso contractual. La ausencia de estos análisis habría dificultado la correcta evaluación de las condiciones del terreno y la viabilidad de la obra, lo que podría haber generado un uso ineficiente de los recursos públicos.

Esta no es la única investigación que tiene Palacios Mosquera ante la justicia. Con 20 investigaciones encima y varias de ellas en curso; se le ha acusado, además de inconsistencias en la construcción del hospital de Acandí; de presunto constreñimiento a contratistas e irregularidades en el contrato de todo el sistema de masificación de gas en varios municipios del Chocó.

Una de las investigaciones tiene que ver con irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina, que pasó hacer investigada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a su condición de aforado constitucional por haber sido elegido representante a la Cámara. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, ostenta el título de ser el congresista más investigado por la Procuraduría General de la Nación.

El caso de Palacios Mosquera se suma a una serie de investigaciones que la Corte Suprema de Justicia ha emprendido contra funcionarios públicos en los últimos años, en un esfuerzo por combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Este tipo de procesos son fundamentales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente.