El impactante homicidio de Jesús Hernando Sánchez Sierra, ocurrido el domingo 6 de abril en el norte de Bogotá, puso nuevamente en el centro de atención la violencia que rodea al comercio de esmeraldas en el país.
Sánchez Sierra, señalado como heredero del legado de Víctor Carranza Niño, conocido como el “zar de las esmeraldas”, fue asesinado por un francotirador en el exclusivo conjunto residencial Bosques del Marqués.
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El cuerpo de Jesús Hernando Sánchez Sierra está siendo velado en una sala funeraria del norte de Bogotá, donde la presencia de esquemas de seguridad privados y autoridades locales es notoria, según conoció El Tiempo.
El medio citado conoció que el féretro abierto ha sido visitado por familiares, socios y amigos, quienes han expresado sus condolencias a los allegados del fallecido.
Entre las coronas enviadas destacan las de Hollman Carranza, así como las de reconocidas ganaderías, la administración del edificio Emerald Trade, donde Sánchez tenía su oficina, y la de un prestigioso colegio de Bogotá.
Un allegado, citado por el medio, señaló que el velorio se lleva a cabo en el mismo lugar donde fue despedido Juan Sebastián Aguilar, asesinado en circunstancias similares en agosto de 2024. Aguilar también fue víctima de un francotirador, en una residencia contigua a la de Sánchez Sierra, lo que refuerza la hipótesis de una conexión entre ambos crímenes.
Entre tanto, se conoció que el sepelio de Sánchez Sierra, programado para el jueves 10 de abril, contará con un aumento significativo en los niveles de seguridad. Del mismo modo, se espera la llegada de personas provenientes del occidente de Boyacá, una región históricamente asociada con el comercio de esmeraldas.
La lista negra de esmeralderos amenazados: un documento que “cobra vida”
Este crimen, que se suma a otros dos homicidios relacionados con una presunta “lista negra” confeccionada por una alianza criminal, encendió las alarmas entre las autoridades y los actores de este sector.
La lista en cuestión, revelada por El Tiempo, fue publicada originalmente en octubre de 2022, en la que incluye los nombres de 12 personas vinculadas al comercio y exportación de esmeraldas, quienes habrían sido sentenciadas a muerte por una alianza entre la Oficina de Envigado, el Clan del Golfo y un grupo de narcoesmeralderos.
La lista negra, que según el medio fue elaborada en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, estaría relacionada a los asesinatos en el sector esmeraldero.
Este documento habría sido creado como represalia contra personas acusadas de colaborar con la DEA en la extradición de miembros de los clanes de Horacio Triana y Pedro Orejas, dos figuras prominentes en el mundo de las esmeraldas y el narcotráfico.
Entre los nombres destacados en la lista figura Jonatan Sánchez Garavito, exdiputado y actual asesor del despacho del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
Al respecto, Sánchez Garavito, que también es ahijado de Hernando Sánchez, expresó su temor por la falta de acción de las autoridades frente a las amenazas. “Mi padrino era un hombre de paz y lo sentenciaron porque le dio un no rotundo a la criminalidad. Y a nosotros nos vincularon porque nos señalaron de supuestamente dar información para extraditar a narcoesmeralderos a Estados Unidos y de dejar entrar a los gringos al occidente de Boyacá“, expresó al medio citado.
El primer nombre de la lista negra en ser “eliminado” fue Jorge Enrique Gómez, conocido como “El Ingeniero”, acribillado por un sicario en marzo de 2021 en un parqueadero del centro de Bogotá, mientras se disponía a abordar una camioneta blindada.
Otros nombres en la lista incluyen a Charles Burguess, exdirector de la empresa Mineral Texas Colombia, que habría abandonado el país tras conocer un plan para atentar contra su vida. También figuran Carlos Julio Molina y su hijo Edwin Molina, Darío López, gerente de una mina, y un hombre identificado como “Henry”, administrador de la mina de Cunas en 2018.
El medio también informó que al menos tres de los mencionados en la lista han abandonado el país, mientras que otros han solicitado protección a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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