Durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, con el que se le rinde homenaje cada 9 de abril a las casi 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó a los grupos armados organizados y criminales que tienen injerencia en el país, y le exigió al Gobierno nacional más garantías para quienes han padecido alguna forma de violencia.
“Los grupos armados, fragmentados, llevados por intereses económicos, son responsables de que la paz no se consolide en nuestro país. Es hora de hacer un llamado enfático para que se comprometan”, reprochó en las actividades que se llevaron a cabo el miércoles.
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También expresó su inquietud por la situación de las víctimas y recordó la importancia de que el Estado, la sociedad y la comunidad internacional trabajen unidos para evitar que el sufrimiento de las víctimas sea ignorado.
“Quiero hacer un enfático llamado al Gobierno, a las instituciones responsables de la atención y reparación de las víctimas, a la comunidad internacional y a toda la sociedad. No podemos permitir que su sufrimiento quede en el olvido”, declaró Marín.
Según el Registro Único de Víctimas del Gobierno colombiano, el conflicto armado dejó un saldo de 9′888.182 personas reconocidas como víctimas, de las cuales 4,96 millones son mujeres y 4,91 millones son hombres.
La mayoría de estas personas, 8,8 millones, padecieron desplazamiento forzado, les siguen las que perdieron la vida en homicidios con 1,1 millones de víctimas; las de amenazas con 764.699 casos registrados, y las que sufrieron desaparición forzada que suman 200.884, cifras que reflejan la magnitud de la tragedia y la necesidad de una respuesta integral en justicia y reparación.
“A las víctimas quiero decirles que hoy estamos aquí para reconocer su dolor y su sufrimiento. Su valentía es una luz que ilumina el camino hacia un futuro donde la violencia no tenga cabida, donde la paz sea el territorio común de todas las personas que habitamos Colombia. A ustedes les debemos no solamente nuestra solidaridad como sociedad, sino nuestra responsabilidad como Estado, nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia integral”, reiteró Marín.
El 9 de abril no solo es un día para recordar a las víctimas del conflicto armado, sino también para reflexionar sobre las raíces de la violencia en Colombia, donde se escogió la misma fache del magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que marcó un cambio histórico, dando lugar a un período de caos conocido como La Violencia, donde seguidores de los partidos Conservador y Liberal se mataban entre sí.
Este evento dejó profundas cicatrices en la sociedad y sentó las bases para un conflicto armado que completa 70 años en Colombia.
En el llamado de la Defensoría se subrayó la necesidad de que el Gobierno Petro asuma un papel protagónico en la atención a las víctimas, garantizando justicia, reparación y la prevención de nuevos actos de violencia y para esta ocasión también se conminó a que se tenga en cuenta a las personas que tuvieron secuelas en sus cuerpos por la violencia.
“Hay que diseñar estrategias que amplíen la atención a víctimas con discapacidad, e insto a reforzar el enfoque de género y el reconocimiento de las diversidades étnicas para que las medidas de reparación, atención, asistencia tengan en cuenta las necesidades diferenciales de las víctimas, respeten sus usos y costumbres, la consulta previa, las autonomías y las autoridades territoriales”, agregó Marín.
Asimismo, se destacó la importancia de la participación activa de la sociedad civil y el respaldo de la comunidad internacional para asegurar apoyo a quienes más han sufrido.
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