Defensa del expresidente de Nueva EPS respondió a los señalamientos de Petro por presunto desvío de fondos en la entidad

A través de un comunicado a la opinión pública, el abogado Javier Tamayo Perdomo, defensor del expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“La imputación nunca ha hablado de 5 billones de pesos como distintos actores lo han manifestado”, aclaró Tamayo, desmintiendo la cifra ampliamente difundida por algunos sectores políticos y mediáticos.

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Según el abogado, el alcance establecido por la Fiscalía corresponde a 70.500 millones de pesos, que no fueron apropiados por particulares, sino que permanecieron dentro de la EPS para pagar deudas previas por servicios de salud prestados a sus afiliados.

Tamayo subrayó que no existe prueba alguna de enriquecimiento personal por parte de Cardona ni de terceros: “El ente acusador precisó, según el acta de la audiencia, que ‘este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS’. Es decir, no hay enriquecimiento a favor del imputado, ni de terceros, ni para financiar campañas o para pagar facturas de pacientes fantasmas, sino a favor de la misma EPS”.

Asimismo, el abogado enfatizó que las facturas en cuestión sí estaban registradas en los estados financieros. “No es cierto que exista ocultamiento de facturas, pues están en el procedimiento de auditorías, en la liquidación y eso se ve en los diferentes módulos del sistema”, aseguró.

Sobre la medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía, Tamayo recordó que el 8 de abril fue negada por un juez de garantías debido a la “ausencia de solidez en las argumentaciones dadas”.

Finalmente, criticó el uso político de las investigaciones en curso y expresó su preocupación por el rumbo del sistema de salud: “Lamentamos profundamente que las investigaciones, y no solamente a la Nueva EPS, se utilicen como un discurso político para sesgar las verdaderas necesidades de nuestro país”.

El pronunciamiento del abogado se dio luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara públicamente a la imputación de cargos contra Cardona y otros exdirectivos de la Nueva EPS. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental”, señalando que estas omisiones contribuyeron al colapso financiero de clínicas y hospitales que no recibieron pagos oportunos.

Petro cuestionó además la legitimidad de las acusaciones que se le han hecho por la crisis del sistema de salud, indicando que son parte de una campaña para deslegitimar la intervención estatal en el sector. “Los políticos y la prensa cooptada por los vampiros de la salud, de manera torva, adjudican estos 5 billones de deuda de la EPS privada a la actividad de intervención del gobierno actual: ¡partida de mentirosos!”, exclamó.

El presidente también apuntó a responsabilidades políticas e institucionales más amplias, incluyendo a miembros de la junta directiva de la EPS como el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, y a exfuncionarios de gobiernos anteriores que, según él, no advirtieron las irregularidades contables. “¿Qué papel cumplió la junta directiva de la Nueva EPS para permitir o impedir que una desaparición tan cuantiosa de deuda fuera ocultada en los estados contables?”, preguntó.

Además, Petro aprovechó su intervención para defender la reforma a la salud que impulsa su gobierno, señalando que el modelo actual, basado en la intermediación financiera de las EPS, “es insostenible” y “contradice la Constitución de 1991″, la cual consagra la salud como un derecho fundamental.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, y otros tres exdirectivos: Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas). Los cargos incluyen falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.

Según el ente acusador, entre 2019 y 2023, la Nueva EPS dejó de procesar cerca de 14 millones de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que generó una distorsión en sus estados financieros y permitió ocultar pérdidas económicas significativas. Esta situación habría evitado una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que según la Fiscalía debió haberse producido mucho antes de 2024.

Los estados financieros manipulados habrían mostrado utilidades inexistentes, asegurando así la continuidad operativa de la EPS pese a su real deterioro financiero. La Fiscalía señala que estas irregularidades permitieron el desvío de más de 70.500 millones de pesos, aunque, como destacó la defensa, dichos fondos no habrían sido apropiados por particulares.