
Un nuevo programa impulsado por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Instituto para la Economía Social (IPES) abre la posibilidad de que más de 12.000 trabajadores informales de Bogotá accedan a vivienda propia, sin necesidad de tener un contrato laboral formal.
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La estrategia, lanzada oficialmente desde la Plaza de la Concordia, busca acercar soluciones financieras a quienes integran la economía popular, como vendedores ambulantes y trabajadores de plazas de mercado.
Esta alianza contempla una ruta de inclusión diseñada a la medida de este segmento poblacional, tradicionalmente excluido del sistema financiero.
Para ello, se ofrecerán productos específicos como el Ahorro Voluntario Contractual (AVC), una modalidad de ahorro que permite solicitar créditos hipotecarios sin contar con vinculación laboral formal.
Además, el programa llevará asesorías y talleres directamente a los espacios donde estos trabajadores ejercen sus labores.
“Hoy llegamos con esperanza a quienes históricamente han estado por fuera del sistema financiero. Esta alianza demuestra que sí es posible traer inclusión real”, manifestó Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, durante la presentación de la estrategia.
La entidad también se comprometió a participar en las ferias organizadas por el IPES, sin intermediarios, para garantizar una atención directa y sin complicaciones.
El IPES, por su parte, resaltó que esta acción conjunta responde a una apuesta por el reconocimiento de derechos fundamentales para quienes impulsan la economía social. “Seguimos apostando por una Bogotá más justa, donde quienes dinamizan la economía social también puedan acceder a derechos fundamentales como la vivienda”, afirmó su director, Wilfredo Grajales.
Entre los beneficios del programa, se destaca el acompañamiento integral, que incluirá formación financiera personalizada y herramientas prácticas para que los beneficiarios construyan una base económica sólida.
La estrategia busca generar confianza entre quienes nunca han tenido acceso a crédito formal, adaptando los productos a sus condiciones reales de ingreso.
El respaldo financiero también es un componente clave del proyecto. Al cierre de 2024, el FNA reportó utilidades netas por encima de los $288.000 millones, además de mantener una calificación AAA (col) con perspectiva estable. Estos indicadores buscan garantizar que los recursos estén disponibles y que el programa tenga sostenibilidad en el tiempo.
Este convenio forma parte del esfuerzo nacional para disminuir el déficit habitacional, que aún afecta a cerca del 17% de los hogares urbanos y al 30% en las zonas rurales, según cifras del DANE.
La iniciativa también se enmarca dentro de las políticas de inclusión social que promueven acceso equitativo a servicios financieros, especialmente entre sectores que tradicionalmente han permanecido al margen del sistema.
Con este paso, Bogotá avanza en la construcción de un modelo más incluyente, en el que miles de personas que trabajan en la informalidad podrían acercarse al sueño de tener vivienda propia sin barreras legales ni burocráticas.
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