En medio de las discusiones políticas sobre la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, un grupo de congresistas ha puesto sobre la mesa una propuesta para que los ciudadanos decidan en las urnas si se debe aumentar la pena máxima para los asesinos y violadores de menores en Colombia.
La iniciativa, liderada por la representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez, será formalmente presentada ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según Sánchez, la solicitud cuenta con el respaldo de 30 congresistas de diferentes bancadas y está motivada por la necesidad urgente de frenar la violencia sistemática contra los niños y niñas en el país.
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En la carta dirigida al presidente Petro, la representante —miembro de la Comisión de la Infancia y la Adolescencia— solicita que dentro de la consulta popular que el Gobierno planea impulsar, se incluya una pregunta para que los ciudadanos decidan si están de acuerdo con aumentar la pena máxima para estos crímenes a 70 años de cárcel.
“Colombia enfrenta una crisis de violencia contra la infancia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2024 se registraron más de 15,000 casos de abuso sexual contra menores y más de 500 fueron asesinados brutalmente en el país”, se lee en la misiva. Para los firmantes, estas cifras son un reflejo de la ineficiencia del sistema penal colombiano para responder ante delitos de tal gravedad.
La carta denuncia que los agresores de niños muchas veces reciben “penas irrisorias que les permiten salir a la calle tras unos pocos años, reincidiendo y destruyendo más vidas inocentes”. Los congresistas firmantes advierten que Colombia se ha convertido en “un paraíso para los depredadores sexuales y homicidas de niños, niñas y adolescentes”, en parte por una legislación que, en su criterio, no está a la altura de la magnitud del problema.
Comparaciones internacionales y llamado al Gobierno
En el documento también se hace una comparación con países como Estados Unidos y México, donde las sanciones para este tipo de delitos incluyen la cadena perpetua y, en algunos casos, la pena de muerte. “Actualmente, la legislación colombiana contempla penas que, en muchos casos, resultan insuficientes para sancionar la gravedad de estos crímenes”, subraya la carta.
Los congresistas apelan directamente a la promesa del presidente Petro de proteger la vida. “Se nos ha dicho que el espíritu de sus reformas es la protección de la vida. Si es así, qué mejor forma de hacerlo que buscar justicia para quienes atentan en contra de la vida de los más vulnerables de la sociedad”, dice el texto.
El mensaje final es un llamado contundente al jefe de Estado: “La historia lo juzgará por sus decisiones. O está del lado de la justicia y de la infancia colombiana, o seguirá permitiendo que los más indefensos sean violentados sin que haya una verdadera respuesta del Estado”.
Un debate que promete encender pasiones
Aunque aún no hay una respuesta oficial del Gobierno frente a esta solicitud, la propuesta ya ha comenzado a generar reacciones tanto a favor como en contra en distintos sectores del país. Para muchos, se trata de una medida necesaria en un país donde los crímenes contra menores han alcanzado niveles alarmantes. Para otros, representa un riesgo de populismo punitivo que podría contravenir principios constitucionales como la dignidad humana y la resocialización del condenado.
En todo caso, si el presidente decide incluir esta pregunta en la consulta popular, el país se verá abocado a un debate profundo sobre la forma en que el Estado debe responder ante quienes atentan contra los más vulnerables.
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