
La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, continúa apelando la condena de la empresaria y creadora de contenido de cinco años y dos meses de prisión intramural por el delito de indagación a delinquir con fines terroristas, poniendo como bandera su condición de madre.
A pesar de que varios han sido los intentos para lograr el beneficio de casa por cárcel, este ha sido negado. En la más reciente oportunidad, su abogado solicitó que la mujer de 28 años pueda acogerse a la Ley de Utilidad Pública y regresar a cuidar a su pequeña hija.
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Esta ley busca que las mujeres detenidas en centros penitenciarios que sean madres cabeza de familia puedan cumplir con su sentencia fuera de estos, mientras atienden a la comunidad mediante sus servicios.
No obstante, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en conversación con Blu Radio, explicó que uno de los requisitos para aplicar a esta Ley de Utilidad Pública es que el delito cometido esté relacionado con su condición de extrema pobreza, como la falta de participación en los beneficios y recursos sociales, así como el acceso a las necesidades básicas, como el alimento.

“Hay personas que cometen el delito en relación con su extrema pobreza para, por ejemplo, poder darle alimentación a su hijo. En ese caso en particular, hay una relación entre su marginalidad y su comportamiento; es casi que obligado”, comentó.
Además, al ser interrogada sobre las posibilidades de que la mujer, que está recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá por los actos de vandalismo que cometió contra las instalaciones y buses de Transmilenio en el 2019, Buitrago explicó que hay un delito que no le permitirá acogerse al beneficio.
“En este caso en particular hay un delito y lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo; yo he sido clara en que no comparto que en el caso de Epa haya habido terrorismo. Sin embargo, ella aceptó cargos y está condenada por ese delito; eso impide”, detalló la funcionaria.

La ministra le comentó al medio de comunicación que este fallo no lo puede dar sino únicamente un juez: “nadie más puede hacerlo”, teniendo en cuenta la petición que hizo el presidente Gustavo Petro hace un par de semanas sobre el caso.
El mandatario se dirigió, por medio de su cuenta de X, a la ministra de Justicia para que haga cumplir la Ley 2292 de 2023 en el caso de Barrera: “Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que aprobó en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia, ante el Inpec, aplicar la ley”, aseguró el jefe de Estado.

Explicó que, en este caso, desconoce el detalle del asunto porque no lo atiende de primera mano; no obstante, está informada sobre las solicitudes de casa por cárcel y la negativa por parte de la justicia colombiana.
Con respecto al caso, que ha estado en el ojo de la opinión pública, han sido varios creadores de contenido y personalidades los que se han unido al llamado para que Daneidy regrese a su casa para terminar de cumplir con su condena, junto a su bebé, que aún no completa el año de vida, y continúe con sus negocios mientras contribuye a labores comunitarias. Señalan que, si bien fue un acto vandálico, que además divulgó orgullosamente por medio de las redes sociales, la condena fue exagerada en comparación con otros casos que realmente requieren la atención de la justicia.
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