Jennifer Pedraza denunció a la esposa del ministro de Salud por presiones indebidas en el caso del buque hospital

La representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza radicó el 8 de abril una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente Delegada para Prestadores del Servicio de Salud y esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La congresista la acusa de incurrir en faltas al Código General Disciplinario, al presuntamente presionar a funcionarios públicos para la celebración de un contrato interadministrativo relacionado con la compra de un buque hospital destinado al departamento del Amazonas.

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Pedraza sostiene que Gómez Consuegra “habría extralimitado sus funciones como superintendente delegada, incurriendo en presión indebida a un funcionario para acelerar una contratación que todavía no cumplía los requisitos para realizarse; impidiéndole el cumplimiento de sus deberes y violando el régimen de conflicto de intereses”, en clara alusión a lo estipulado en el artículo 26 del Código General Disciplinario.

Uno de los elementos centrales de la denuncia es la conversación revelada por el periodista Daniel Coronell en su columna ‘La esposa del ministro’, publicada en la revista Cambio, la cual contiene audios en los que presuntamente se escucha a Gómez Consuegra presionando al abogado Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia, para que firmara el contrato del buque hospital de manera inmediata.

“Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia, es más, de una vez”, se escucha en uno de los audios. A lo que el abogado responde: “Doctora, hoy es imposible que se firme ese contrato”. La funcionaria insiste: “Perfecto, entonces me presenta la renuncia usted y la otra, se acabó esto, ya no vamos más, porque yo no voy a permitir que ustedes sigan tomándole del pelo al país”.

En la denuncia, Pedraza califica estas expresiones como violencia verbal y psicológica: “No sólo por las palabras y tonos usados, sino porque se enuncia el poder que tiene la funcionaria para decidir sobre el futuro laboral del abogado, se utiliza el nombre del Ministerio de Salud, dirigido por el esposo de la funcionaria, y el del presidente de la República como argumento de autoridad para que el abogado incumpla sus deberes”.

Otro de los puntos críticos señalados por Pedraza es la relación marital entre la superintendente delegada y el ministro de Salud, lo cual, en su criterio, configura un claro conflicto de intereses, más aún cuando la propia Gómez Consuegra lo había reconocido formalmente el 14 de marzo de 2024 respecto a actuaciones relacionadas con la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia.

Además, la representante solicitó que se investigue si el retiro de la agente interventora Lina Caterin Baracaldo Moreno, ocurrido el 1 de abril de 2025, estuvo relacionado con las amenazas proferidas durante la llamada. En dicha conversación se escucha a Gómez Consuegra decir: “Le estoy diciendo: donde eso no quede firmado hoy, la renuncia suya y la de la doctora. Así de simple”.

La denuncia enfatiza que ninguna de las funciones legales del cargo de la superintendente delegada le otorgan facultades para ordenar contrataciones, y mucho menos interferir directamente en decisiones de la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, una entidad que, si bien está bajo intervención, cuenta con un agente especial encargado de su administración.

“Su intervención constituye una extralimitación en el ejercicio de funciones, pues su cargo no le permite decidir sobre necesidades contractuales ni coadministrar la entidad”, subraya el documento. Pedraza también cuestiona el uso de expresiones que, a su juicio, constituyen calumnias e intimidaciones contra los funcionarios del hospital, al acusarlos de obstaculizar el proyecto “sin prueba alguna”.

Paradójicamente, el afán demostrado por Gómez Consuegra en los audios coincide con la postura oficial del Ministerio de Salud. El 6 de abril de 2025, la cartera de salud emitió un comunicado expresando su preocupación por “las demoras injustificadas en la ejecución del pluricitado proyecto de infraestructura móvil” en el Amazonas, señalando posibles detrimentos patrimoniales por el aumento de costos derivados de los retrasos.

Esta coincidencia, a juicio de la representante Pedraza, refuerza la sospecha de que Gómez Consuegra, pese a haber declarado un conflicto de interés, actuó como una emisaria del Ministerio, presionando para cumplir una agenda que no era de su competencia legal.

Cabe recordar que, el mismo martes, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de un contrato relacionado con un buque-hospital destinado a comunidades apartadas del Amazonas.

“He ordenado iniciar unas indagaciones preliminares. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios y se tomará la decisión que haya que tomar”, aseguró el procurador Gregorio Elijach.