Forense de la JEP fue acusado de misoginia y autoritarismo por una intervención en Medellín

Un forense de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue acusado de protagonizar actos misóginos, autoritarios y de desinformación durante una intervención humanitaria en La Escombrera, Medellín.

Se trata de Carlos Manuel Bacigalupo Salinas, profesional del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien fue denunciado formalmente ante la misma Jurisdicción y la Procuraduría por el Grupo Interno de Trabajo Territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), de acuerdo con W Radio.

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Según el documento de la Ubpd, Bacigalupo habría incurrido en comportamientos que han afectado gravemente el ambiente laboral y han obstaculizado el avance de las labores de búsqueda.

Según el medio citado, las acusaciones incluyen comentarios despectivos hacia las mujeres, imposición de decisiones autoritarias, desacreditación del trabajo técnico del equipo forense y desinformación hacia las organizaciones de víctimas.

El informe también señala que el funcionario difundió afirmaciones falsas sobre una supuesta falta de recursos para continuar con la intervención, lo que generó confusión y deterioró la relación con los familiares de víctimas.

La Ubpd advirtió que estas conductas han contribuido a la revictimización y afectado la salud mental de los equipos que trabajan en el terreno.

Aunque la situación ya había sido reportada a superiores de la JEP, no se ha visto una respuesta institucional efectiva. Por eso, la Ubpd exige medidas disciplinarias inmediatas para frenar los comportamientos denunciados y garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso.

Uno de los casos en los que Bacigalupo estuvo implicado como forense fue el de Natalia, una joven reclutada por la guerrilla del ELN cuando era niña en Medellín.

Sus restos fueron encontrados y exhumados por la Ubpd en octubre de 2024, poniendo fin a la angustiante búsqueda de su madre, Arnobia Gutiérrez, que durante 20 años luchó por saber qué había pasado con su hija.

Sin embargo, la Ubpd advirtió que las acciones de Bacigalupo también generaron confusión entre organizaciones de víctimas y afectaron la salud mental del equipo en terreno.

Según la queja, sus actitudes contribuyeron a la revictimización de los familiares que esperan respuestas. La entidad cita jurisprudencia constitucional para respaldar la gravedad de los hechos y exige sanciones disciplinarias inmediatas.

La denuncia contra Bacigalupo se enmarca en un contexto de tensiones más amplias. La Ubpd ha advertido sobre obstáculos crecientes en su labor humanitaria en La Escombrera, un sitio emblemático de la comuna 13 de Medellín donde se presume que podrían estar enterradas más de 500 víctimas de la violencia.

Según un comunicado, algunos funcionarios externos han intentado impedir el acceso del equipo forense al área de intervención, argumentando que se trata de una diligencia judicial.

Aunque no se identificó a los responsables, en el lugar solo están presentes la Alcaldía de Medellín y la JEP, siendo esta última la única con autoridad judicial.

De acuerdo con El Colombiano, esta situación podría evidenciar un conflicto entre la Ubpd y la JEP, dos entidades que deberían trabajar de forma coordinada en la búsqueda de desaparecidos.

A ello se suma la falta de recursos para continuar con las excavaciones: en marzo, la directora de la Ubpd, Luz Janeth Forero, advirtió que los fondos se agotaron y se retiró la maquinaria pesada.

Aunque la Alcaldía se había comprometido a asumir esos costos, un cambio de administración dejó un vacío que la Ubpd cubrió temporalmente hasta enero de 2023.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, anunció recientemente que se gestionarán recursos con apoyo de la comunidad internacional y organizaciones de víctimas, pero no mencionó a la Ubpd, lo que refuerza la percepción de distanciamiento entre ambas entidades.

Pese a todo, la Ubpd ha logrado avances: desde diciembre han sido halladas cuatro estructuras óseas.

La intervención no solo implica excavaciones, sino también actualización del registro de desaparecidos, contacto con familiares, recolección de muestras biológicas y búsqueda activa de información sobre los hechos. Incluso el personal auxiliar ha enfrentado impedimentos para desarrollar estas labores.