Duro choque entre María José Pizarro y Katherine Miranda por culpa del hijo del paramilitar ‘Jorge 40′: “Hipócrita”

En la jornada del 9 de abril, Día de las Víctimas en Colombia en el Congreso de la República, se dio un fuerte choque verbal entre las congresistas María José Pizarro y Katherine Miranda.

Esto luego de que fuera elegido para presidir la sesión Jorge Tovar, hijo del exlíder para militar alias Jorge 40. Hubo quienes sintieron que Tovar no debería estar en esa posición en la mesa directiva.

“Pero que hoy la mesa directiva por el representante Tovar creo que no es en términos de formas lo más oportuno”, dijo a su turno María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La parlamentaria Katherine Miranda, de Alianza Ve sacó a relucir el hecho de que su interlocutora sea hija del asesinado Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M 19.rde, manifestó su inconformidad con las declaraciones de Pizarro y

“A mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de. Si no, usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro”, señaló.

La legisladora del Pacto Histórico se salió de casillas y arremetió contra Miranda.

“Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado, también, les guste o no les guste. A mí padre lo asesinaron después de haber firmado la paz y yo me paro aquí de manera digna y de manera altiva y levanto las banderas de paz de mi padre sin vergüenza”, dijo.

Una de las críticas derivadas de este rifirrafe es que la atención, que debería estar centrada en las intervenciones de las víctimas, terminó centrada en las dos parlamentarias. Esto teniendo en cuenta la sensibilidad del tema en el país.

La fecha, que coincide con el aniversario del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 —un hecho que marcó un punto de quiebre en la historia del país—, se ha consolidado como un espacio para visibilizar a quienes han sufrido los estragos de la guerra interna. La conmemoración de este año llega en medio de nuevas iniciativas legislativas y una fuerte presión por mejorar los mecanismos de atención, reparación y garantías de no repetición.

Según la más reciente información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Colombia registra 9.583.876 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado interno. De ese total, más del 90% ha sido afectado por desplazamiento forzado, una de las consecuencias más dramáticas de la violencia prolongada en el país. Le siguen otros hechos como homicidios, desapariciones forzadas, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilícito, entre otros.

Este universo de afectados ha generado una carga enorme para el Estado, que ha diseñado una batería de programas para su atención integral. En cifras, más de 1,3 millones de personas han recibido medidas individuales de reparación hasta 2024, mientras que se han entregado más de 10 billones de pesos en indemnizaciones desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas.

En días recientes, el Congreso aprobó una reforma parcial a la Ley de Víctimas, incorporando nuevas herramientas y ajustes normativos que buscan fortalecer la atención a esta población. Los cambios incluyen mejoras en los procedimientos para la restitución de tierras, actualizaciones en los criterios de priorización de beneficiarios, y nuevas formas de articulación institucional entre los niveles nacional y territorial.

Además, el senador Cepeda instó a que parte de los recursos adicionales contemplados en la reforma del Sistema General de Participaciones —una de las principales fuentes de financiamiento para los entes territoriales— sean dirigidos específicamente a programas en beneficio de poblaciones vulnerables, con énfasis en las víctimas del conflicto.