Valle del Cauca intensifica medidas contra el crimen: revelan razón para reubicar cabecillas y reforzar seguridad en Buenaventura

La Gobernación del Valle del Cauca ha puesto en marcha una serie de acciones estratégicas para frenar el accionar de las estructuras criminales que operan en la región, especialmente en el puerto de Buenaventura.

La decisión más reciente y contundente ha sido el traslado de varios reclusos a cárceles de máxima seguridad en otras zonas del país, con el objetivo de cortar los hilos que desde los centros penitenciarios siguen dirigiendo acciones delictivas.

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“Seguimos trabajando por la tranquilidad de los habitantes de Buenaventura. Hemos venido recibiendo información de inteligencia según la cual, desde las cárceles, se dirige la estrategia delincuencial para desestabilizar el territorio”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro en su cuenta de X.

Según las autoridades, se ha detectado que algunas organizaciones delincuenciales continúan operando desde las cárceles, generando violencia e inestabilidad en el territorio. Ante este panorama, el Gobierno departamental, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública, decidió aislar a ciertos internos y alejarlos del entorno donde mantienen influencia.

Estas medidas hacen parte del plan integral que la Gobernación ha venido implementando en Buenaventura, donde se han desplegado operativos de seguridad y control, además de iniciativas sociales para recuperar la tranquilidad de la comunidad.

Desde que comenzó esta ofensiva, se han registrado resultados significativos: 143 capturas por diversos delitos, entre ellas la detención de seis presuntos miembros de las bandas criminales Los Shotas y Los Espartanos, señaladas de tener fuerte incidencia en el orden público local.

Uno de los indicadores que más resalta en este proceso es la reducción inmediata de homicidios. Según las cifras oficiales, la ciudad ha logrado mantener un periodo de seis días consecutivos sin asesinatos, un dato que las autoridades consideran alentador en medio de un contexto históricamente afectado por la violencia.

Además del componente judicial, el plan contempla el fortalecimiento de la presencia institucional. En ese sentido, se anunció la llegada de doscientos efectivos de élite de la Policía y la Armada Nacional, quienes patrullarán tanto por mar como por tierra, con el propósito de ejercer control sostenido en las zonas más vulnerables del Distrito.

A la par de las acciones represivas, el Gobierno del Valle también ha querido enfatizar en la necesidad de abrir espacios de desarrollo comunitario.

Se han proyectado intervenciones en tres barrios específicos de Buenaventura, donde se busca articular programas sociales, culturales y deportivos con oferta institucional en temas como vivienda y empleo, entendiendo que la seguridad también se construye desde la inclusión y la equidad.

Estas acciones integrales evidencian un enfoque mixto en la lucha contra el crimen, donde el uso de la fuerza va de la mano con el fortalecimiento del tejido social. La apuesta, según el equipo de gobierno del departamento, es no solo recuperar el control del territorio, sino también brindar condiciones que impidan que la violencia vuelva a echar raíces.

En su mensaje, la gobernadora dejó claro que todas las acciones tomadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenaventura han sido evaluadas y ejecutadas con el Gobierno, pues tales instancias son necesarias para que, institucionalmente, no haya impedimentos que obstaculicen los traslados y las medias preventivas aplicadas por las autoridades del puerto y del departamento.

“La institucionalidad no se puede dejar hacer la agenda desde las cárceles y por eso, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, que es el responsable del manejo carcelario y con la Fuerza Pública, hemos tomado decisiones contundentes y se han empezado a hacer traslados estratégicos hacia cárceles de máxima seguridad de otras regiones del país. Seguimos transformando a Buenaventura”, señaló.