En una advertencia que ha encendido las alarmas en el sector energético y en el Congreso, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó el martes 8 de abril su profunda preocupación por el creciente déficit en el pago de subsidios a las empresas de energía, situación que podría llevar a un incremento tarifario sin precedentes en los servicios públicos domiciliarios.
De acuerdo con el jefe del ente de control fiscal, si el Gobierno nacional no asume con prontitud los pagos pendientes por concepto de subsidios, los colombianos podrían enfrentar aumentos en los recibos de luz de hasta el 140%.
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“La Contraloría General de la República ha sido la entidad que ha estado liderando este tema frente a una mesa de seguimiento que existe. Yo sigo contemplando la posibilidad de ello si eventualmente no se realizan los pagos de unos subsidios que vienen ya represados”, advirtió Rodríguez en una declaración pública.
Una deuda que supera los 2,7 billones de pesos
El contralor precisó que aunque el Gobierno ha hecho algunos desembolsos, estos han sido insuficientes. “Se realizó el desembolso de unos recursos, pero esos recursos fueron parciales”, indicó. Según el monitoreo de la Contraloría, la deuda por subsidios supera actualmente los 2,7 billones de pesos, cifra que sigue en aumento y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
Rodríguez advirtió sobre las posibles consecuencias: “Nos pueden amenazar dos cosas. Primero, que si no hay frente al pago de subsidios, quienes tengan que asumir el costo de ello, pues tengan que ser los usuarios, lo que representaría un incremento tarifario superior al 120, 140% que nos preocupa ostensiblemente”.
En ese sentido, destacó la disposición del nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para revisar la situación en una nueva mesa de seguimiento que permita evaluar flujos financieros y, si es posible, congelar los incrementos tarifarios antes de que afecten de manera directa a los hogares colombianos.
Un fenómeno de presión creciente sobre las finanzas públicas
La situación no es nueva. La necesidad de subsidios ha crecido de forma sostenida durante la última década. De hecho, según Rodríguez, las necesidades de subsidios para energía crecieron un 44% en los últimos diez años, muy por encima del aumento en la demanda de energía o de los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación. Esto se debe en gran parte al crecimiento del número de usuarios en los estratos 1 y 2, quienes dependen de estos alivios para acceder a servicios esenciales.
“La diferencia entre el aumento de las necesidades y los recursos disponibles evidencia una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas”, señaló el contralor.
La gravedad del problema ha trascendido el plano fiscal y ha llegado, incluso, al ámbito judicial; pues el mismo martes se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción judicial contra el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia), por presunto incumplimiento reiterado en el pago de subsidios y contribuciones sociales en los sectores de energía eléctrica y gas.
Según la normatividad vigente, el Estado colombiano está obligado a financiar los subsidios que permiten a los hogares de estratos bajos acceder a la energía y el gas, sin que esto represente una carga económica insostenible para las empresas del sector. El Ministerio de Hacienda debe incluir anualmente los recursos en el presupuesto, mientras que el Ministerio de Minas debe girarlos dentro de los 60 días posteriores a la facturación.
No obstante, la fundación denunció que estos pagos no se han hecho de manera oportuna, a pesar de que las partidas ya fueron apropiadas en el presupuesto nacional. Fede Colombia señaló que la falta de liquidez de las empresas prestadoras podría derivar en cortes de suministro, especialmente en zonas vulnerables como Nariño, Chocó y Vichada, o incluso en un posible apagón en la región Caribe.
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