La tarde del lunes 7 de abril de 2025 marcó un hito en la búsqueda de justicia para las familias de 17 civiles que fueron asesinados y posteriormente reportados falsamente como bajas en combate.
En un fallo de primera instancia, un juez especializado de Ibagué condenó a 60 años de cárcel a Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, al considerarlo responsable de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo entre 2007 y 2008 en zonas rurales del Valle del Cauca y el Tolima.
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Un montaje criminal detrás de las muertes
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, las víctimas eran reclutadas con falsas promesas de empleo y llevadas a lugares alejados, donde eran asesinadas.
Luego, miembros del Ejército Nacional las presentaban como guerrilleros abatidos en combate.
El objetivo de estas operaciones, conocidas popularmente como “falsos positivos”, era obtener beneficios dentro de la institución militar mediante el reporte de supuestas bajas enemigas.
En el caso de alias El Zarco, la Fiscalía demostró que este hombre, desmovilizado en 2007 tras integrar las milicias urbanas del ELN en Cali, estableció un pacto con un suboficial del Ejército que consistía en engañar a personas en situación de vulnerabilidad, generalmente jóvenes de zonas pobres, para luego entregarlas a los uniformados que ejecutaban las muertes y montaban el escenario de combate.
Una audiencia de dolor y memoria
La audiencia en la que se dictó sentencia se realizó de manera virtual, lo que permitió que los familiares de las víctimas aparecieran uno a uno para evocar los nombres y las memorias de sus seres queridos.
Fue un acto simbólico que humanizó las cifras y enfatizó la dimensión trágica de estos hechos.
“Estos hechos se debieron a una puesta en escena por parte del Ejército a efectos de presentar como si fueran bajas en combate, cuando (…) no corresponden a combates específicos, sino a personas civiles”, explicó el fiscal del caso, Camilo Chaves, en una sesión previa.
Entre los lugares donde se documentaron los asesinatos se encuentran Villa Carmelo, Valle del Cauca, y Coyaima y El Guamo, en Tolima.
El peso de la condena
Según la decisión del juez, cada homicidio contemplaría una pena de 40 años de prisión, además de una multa de 2.666 salarios mínimos por cada una de las 17 muertes.
La suma total habría superado los 200 años de cárcel y 48.000 salarios mínimos en multas; sin embargo, en Colombia la legislación establece un máximo de 60 años de prisión en estos casos.
Por ese motivo, la pena se fijó en 60 años, junto con la mencionada multa, y la inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.
Alias El Zarco no se presentó a la audiencia, por lo que la notificación le llegará a la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido desde hace varios meses.
Esta condena se suma a la discusión nacional sobre los falsos positivos, que vuelve a cobrar relevancia ante la evidencia de casos que involucran agentes estatales y civiles reclutados.
Una lucha de 18 años por la verdad
Aunque la sentencia se emitió en 2025, los crímenes se remontan a un periodo comprendido entre 2007 y 2008, y el proceso judicial lleva activo cerca de 18 años.
Las familias de las víctimas han debido recorrer un camino lleno de obstáculos legales y emocionales para obtener justicia.
Durante ese lapso, varias audiencias fueron aplazadas, aumentando la incertidumbre y el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos.
Según María Yolanda Mosquera, madre de Víctor Hugo Mosquera, una de las víctimas de Villa Carmelo, el engaño surgió cuando “El Zarco” estableció una relación de confianza con su hijo: “La última vez que lo vi estaba comiendo en la sala de la casa”, contó.
Días después, Víctor Hugo desapareció, fue encontrado sin vida y finalmente, presentado como un supuesto miembro de un grupo armado.
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