JEP imputó cargos contra 28 exmilitares, incluyendo dos generales, por el mayor hallazgo de falsos positivos en el país: 604 víctimas en la costa Caribe

Un reciente auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la magnitud de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia.

Veintiocho exintegrantes del Ejército Nacional fueron imputados por su presunta responsabilidad en 604 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre 2002 y 2008 en los siete departamentos de la costa Caribe.

Este fallo representa el mayor número de víctimas documentadas en un solo auto desde la creación de esta jurisdicción especial.

De acuerdo con la JEP, las investigaciones abarcaron 19 unidades militares que operaban en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Entre las víctimas identificadas se encuentran 26 menores de edad, 31 indígenas de los pueblos wayú, wiwa y kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Además, 122 personas aún no han sido identificadas.

Según el informe, los menores fueron engañados mediante promesas falsas, aprovechándose de su vulnerabilidad y falta de recursos.

El análisis de la JEP determinó que estas ejecuciones extrajudiciales no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón criminal sistemático. Las víctimas eran presentadas falsamente como bajas en combate para inflar las cifras de éxito operacional del Ejército.

Esta práctica, que se extendió por todo el país, tuvo un incremento significativo entre 2004 y 2007. En ese periodo, los casos pasaron de 24 en 2004 a 257 en 2007, siendo los departamentos de Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre los más afectados.

El fenómeno, según las investigaciones, fue impulsado por tres factores principales: la presión sobre los militares para mostrar resultados en bajas, la implementación de políticas de incentivos y recompensas para quienes lograran dichos resultados, y el encubrimiento sistemático de los crímenes mediante la manipulación de pruebas y la obstrucción de investigaciones disciplinarias.

Entre los imputados se encuentran altos mandos militares, incluidos tres mayores generales retirados: Hernán Giraldo Restrepo, Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo; dos brigadieres generales: Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez; así como coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y sargentos. Estas personas pertenecieron a brigadas como la Segunda, Décima y Décima Primera de la División 1 del Ejército, además del Comando Conjunto Caribe.

Las víctimas, en su mayoría, eran civiles ajenos al conflicto armado. Según la JEP, 184 personas fueron asesinadas tras ser señaladas como integrantes de grupos insurgentes, mientras que otras 343 fueron atraídas mediante engaños, como ofertas de empleo, una estrategia que también se documentó en otras regiones del país.

La JEP logró documentar estos casos gracias a tres fuentes principales: los registros operacionales de las Fuerzas Militares, los avances en los expedientes de la justicia ordinaria y las versiones libres de los comparecientes. Estas herramientas permitieron reconstruir los hechos y establecer cómo las unidades militares de la Costa Caribe participaron en estas prácticas.

Una fuente cercana al proceso declaró a El Espectador que “todo el mundo sabía lo que pasaba” dentro del Ejército, refiriéndose a la normalización de estas ejecuciones como una forma de demostrar resultados operacionales. Según la JEP, estas acciones constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al tratarse de asesinatos y desapariciones forzadas de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

La JEP también señaló que el fenómeno de los falsos positivos no se limitó a la Costa Caribe, sino que se extendió por todo el país. Casos similares han sido documentados en regiones como Huila, Antioquia y Norte de Santander, donde también se imputaron a altos mandos militares.

Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 211 máximos responsables, de los cuales 131 son integrantes de la Fuerza Pública.

En el caso de la Costa Caribe, la expansión de estas prácticas se remonta a unidades como el batallón La Popa, en Cesar, donde el excomandante Publio Hernán Mejía enfrenta actualmente un juicio adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Mejía ha rechazado aceptar su responsabilidad, a pesar de las pruebas presentadas en su contra.

Este auto, el octavo en el marco del macrocaso 03 de la JEP, no solo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas, sino que expone las dinámicas estructurales que permitieron la comisión de estos crímenes. Según la JEP, las ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe fueron posibles gracias a una combinación de presiones internas, incentivos perversos y un sistema de encubrimiento que operó de manera sistemática.

El impacto de este fallo se extiende más allá de las víctimas directas, pues pone en evidencia las fallas estructurales dentro de las Fuerzas Militares y la necesidad de reformas profundas para garantizar que estos hechos no se repitan. La JEP continúa avanzando en sus investigaciones, con el objetivo de esclarecer la verdad y ofrecer justicia a las víctimas de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.