La fundadora de la Corporación Rosa Blanca, Sara Morales, presentó una denuncia penal contra Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el presunto incumplimiento de las medidas de protección que le habían sido otorgadas en calidad de víctima del conflicto armado.
Según declaraciones concedidas a la revista Semana, Morales interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de prevaricato activo, al considerar que las acciones de Álvarez vulneran sus derechos como víctima.
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La líder de la organización que reúne a mujeres que aseguran haber sido reclutadas forzosamente por las extintas Farc, reveló que fue notificada de la decisión de desmontar su esquema de reubicación apenas días después de que se emitiera un auto que señala a seis miembros del antiguo secretariado guerrillero como máximos responsables de delitos relacionados con el reclutamiento de menores.
“Lo denuncio porque me llegó el auto de determinación de hechos y conductas, en el que a los seis miembros del secretariado de las Farc se les pone como máximos responsables frente a estos delitos de reclutamiento. A los tres días, más o menos, recibí una resolución de la UIA en la que me dicen que me van a desmontar las medidas de seguridad, en este caso la reubicación”, afirmó Morales al medio citado.
Pese a amenazas previas, la UIA no halló nexos para mantener la protección
El contexto de la decisión resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que Morales había reportado amenazas contra su vida desde 2023, año en el que la JEP abrió el macrocaso 07, centrado precisamente en el reclutamiento y utilización de menores por parte de las Farc. En ese momento, la fundadora de Rosa Blanca denunció los riesgos que enfrentaba por su labor como vocera de víctimas y solicitó un estudio de seguridad.
La respuesta de la UIA, sin embargo, fue negativa al señalar que “no encontraron nexos causales” suficientes para justificar medidas de protección, lo que llevó a Morales a acudir a instancias judiciales.
“Ese día instauré una denuncia por prevaricato activo contra el señor Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, porque he visto cómo se me han vulnerado mis derechos de víctima y los problemas que tengo con mi seguridad. He puesto denuncias ante la Fiscalía por las amenazas que he recibido por el trabajo que vengo desarrollando en la Corporación Rosa Blanca”, explicó Morales.
La Corporación Rosa Blanca también se pronunció a través de su cuenta oficial de X, donde enfatizó la gravedad de que sea precisamente “el mismo que está quitando las medidas de protección a la gente de Rosa Blanca, quien investigará a sus victimarios en el proceso adversarial”.
El episodio en el Congreso que salpicó a la senadora Sandra Ramírez
A raíz de la denuncia interpuesta contra el funcionario de la JEP, Morales también habría sido víctima de una amenaza velada por parte de la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2024 durante un encuentro fortuito en el Congreso de la República.
Morales relató a Semana lo sucedido: “Por ahí me di cuenta que (sic) demandaste a Giovanni, eso está bien”, le habría dicho Ramírez. Ante la respuesta de Morales, que le indicó que estaba en su derecho como víctima de presentar denuncias, la senadora se devolvió, le dio un beso en la mejilla y añadió: “Sí, porque ahora más que nunca vas a necesitar el esquema de seguridad”.
Este episodio provocó la apertura de una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Ramírez, que ha sido reiteradamente señalada por las víctimas de Rosa Blanca como una de las dirigentes de las Farc que debería responder en el macrocaso de reclutamiento infantil.
La situación ha generado una nueva ola de preocupación entre las víctimas del conflicto que participan en procesos de verdad ante la JEP. Mientras avanza la investigación contra Giovanni Álvarez y se esclarece el incidente con la senadora Ramírez, Rosa Blanca insiste en que las garantías para las víctimas deben estar por encima de cualquier interés institucional.
“El Estado debe garantizar que quienes han sufrido hechos atroces puedan ejercer sus derechos sin temer por su vida”, puntualizó la organización.
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