Indígenas emberá prohibieron entrada de funcionarios de la Alcaldía a alojamiento en Bogotá: “Han bloqueado la continuidad de los servicios para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes”

La Alcaldía de Bogotá reportó que entre el 5 y el 7 de abril se registraron obstrucciones a la prestación de servicios sociales en los alojamientos temporales de La Florida y La Rioja, donde permanecen comunidades indígenas en la ciudad.

De esta manera, voceros de la comunidad impidieron el acceso de funcionarios del Puesto de Mando Unificado (PMU) y de la Secretaría Distrital de Integración Social, lo que ha dificultado la atención a niños, niñas y adolescentes, los principales beneficiarios de estos servicios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Consejería de Paz de Bogotá expresó su preocupación por las restricciones impuestas por estas personas, quienes han bloqueado la continuidad de los servicios sociales.

“Las restricciones impuestas por algunos voceros de la comunidad han bloqueado la continuidad de los servicios esenciales para la garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Toda conducta que vulnere sus derechos, o que ponga en riesgo la integridad del personal institucional, será puesta en conocimiento de las autoridades competentes”, señaló la Consejería de Paz de Bogotá.

Según la entidad, estas acciones vulneran los derechos fundamentales de aproximadamente quinientos niños que dependen de la oferta educativa de la Secretaría de Educación.

En la UPI La Rioja, la situación no ha sido diferente. Según reportó la Alcaldía de Bogotá, durante el mismo fin de semana se registraron cinco bloqueos que han obstaculizado la prestación de servicios por parte de entidades distritales y nacionales.

Estas acciones han generado tensiones entre las autoridades y los voceros de la comunidad, quienes exigen mayores ayudas humanitarias y otros apoyos.

La administración distrital ha reiterado que la atención a niños, niñas y adolescentes es una prioridad y que el derecho a la educación debe ser garantizado de manera continua e integral. La Consejería de Paz también advirtió que cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad del personal institucional o vulnere los derechos de los menores será reportada a las autoridades competentes.

Hasta el momento, el equipo del PMU no ha podido retomar sus labores ni realizar los recorridos de acompañamiento a la comunidad, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los menores y sus familias.

Según explicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá, en entrevista con el programa 6AM de Caracol Radio, algunos autodenominados voceros de esta comunidad están colocando trabas para que se desarrollen las acciones humanitarias destinadas a la niñez.

“Son personas que quieren sacar ganancias de esta situación, quieren que el distrito los contrate a ellos por los mismos servicios que nosotros prestamos, simplemente buscan un beneficio personal, pues niegan la salud y educación a más de 500 niños”, indicó el funcionario.

Durante los meses transcurridos del presente año, el Distrito ha trabajado, según Angulo, en programas que buscan suplir necesidades básicas en salud y educación de niños y adolescentes Emberá que residen en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Florida y La Rioja, donde se están brindando diversos servicios.

Sin embargo, esta tarea ha chocado con acciones de algunos líderes que, señala el secretario, no pertenecen de manera oficial a las estructuras de representatividad. “Trabajamos bien con los padres, madres y niños, y ellos empiezan a oponerse a las decisiones de los supuestos voceros”, explicó a Caracol Radio.

El secretario destacó la importancia de estas acciones al recordar la protección prioritaria que deben recibir niños y adolescentes según la Constitución Política de Colombia. “El artículo 44 de la Constitución nos obliga a nosotros a proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes sin ninguna condicionalidad”, insistió en diálogo con el medio radial.

Expuestas las dificultades, Angulo detalló el plan estructurado que lidera su dependencia en coordinación con otras entidades para garantizar los derechos de los menores desde diversas áreas. “Lo que estamos ofreciendo nos ha permitido acercarnos y conocer a detalle cómo están”, afirmó el funcionario, destacando que el enfoque no solo contempla la escolarización, sino también la salud y el bienestar emocional.