Comenzó nuevo ciclo de diálogos entre Gobierno y facción de las disidencias en Putumayo: participaría ‘Araña’, disidente detenido en Bogotá que había sido pedido en extradición

Entre el 7 y el 10 de abril de 2025, las delegaciones del Gobierno colombiano y el grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) liderada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, cumplirán un nuevo ciclo de conversaciones de paz, en medio de tensiones previas tras la captura de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, en Bogotá.

De acuerdo con la oficina del Consejero Comisionado de Paz, el encuentro tiene lugar en el municipio de La Hormiga, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia) donde cuenta con la presencia de países garantes, así como los representantes de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en la que se abordarán los compromisos relacionados con la transformación territorial, un aspecto clave en las regiones afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

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Este enfoque territorial es considerado fundamental para abordar las raíces estructurales de la violencia y promover alternativas sostenibles para las comunidades.

En imágenes compartidas por la entidad nacional en sus redes sociales se observa lo que parece ser una conexión virtual de alias Araña, que permanece recluido en un centro penitenciario de Bogotá, mientras se define su proceso de extradición, tras ser solicitado por la justicia de los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Sin embargo, la entidad no ha confirmado oficialmente su participación en esta etapa del diálogo. Este hecho añade un matiz de incertidumbre al proceso, dado el papel clave que Rojas desempeñaba como representante del grupo armado en las negociaciones.

Rojas desempeñaba como representante del grupo armado en las negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este es el cuarto ciclo de conversaciones entre las partes, luego de la detención de alias Araña, y donde se conoció la hoja de ruta que busca la finalización del conflicto con este grupo armado, que se separó de la Segunda Marquetalia, grupo liderado por alias Iván Márquez.

A inicios del mes de abril de 2025, el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) acordaron expandir un plan piloto de sustitución de cultivos de hoja de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo, zonas donde opera esta organización armada.

Según el acuerdo pactado en el municipio de Roberto Payán (Nariño), el programa, que inicialmente contemplaba la intervención de 3.000 hectáreas, ahora abarcará 30.000 hectáreas en el sur del país. El plan original, firmado en diciembre pasado, tenía como objetivo intervenir 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 en Putumayo, áreas donde la disidencia de Mendoza mantiene presencia activa.

Este proyecto busca promover un “tránsito a economías lícitas” en territorios históricamente afectados por el cultivo de hoja de coca, un problema que ha alimentado el conflicto armado y el narcotráfico en el país.

“Acogimos las solicitudes y demandas, todas legítimas, que tienen las comunidades. Destaco que las comunidades han aceptado la propuesta de ampliar la cobertura del programa piloto de sustitución de cultivos de 2.000 a 15.000 hectáreas en el municipio de Tumaco”, dijo Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno Petro en diálogo con Blu Radio.

El plan piloto de sustitución de cultivos se enmarca en los esfuerzos del Gobierno colombiano por implementar estrategias que combinen el desarrollo rural con la erradicación de cultivos ilícitos. Este enfoque busca atender las causas estructurales del problema, como la falta de oportunidades económicas y la ausencia del Estado en estas regiones. La inclusión de las comunidades en el diseño y la implementación del programa es un elemento clave para garantizar su éxito.

La ampliación del programa a 30.000 hectáreas refleja un compromiso por parte del Gobierno y la disidencia de Mendoza para abordar de manera más integral el problema de los cultivos de uso ilícito. Así mismo, Novoa señaló que este esfuerzo busca no solo reducir la producción de coca, sino también generar alternativas económicas sostenibles para las comunidades que dependen de estos cultivos como medio de subsistencia.

Este nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno colombiano y los grupos armados disidentes podría sentar las bases para un proceso de paz más amplio, en el que la sustitución de cultivos ilícitos sea un componente central. Sin embargo, el camino hacia la paz y el desarrollo sostenible en estas regiones sigue siendo largo y complejo.