Un nuevo capítulo se abre en el sonado escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, que estalló durante el gobierno de Iván Duque y que ha revelado una de las tramas de corrupción más escandalosas de los últimos años.
El juez 78 penal municipal con funciones de control de garantías avaló un principio de oportunidad que otorga inmunidad total a Juan Carlos Cáceres Bayona, señalado como uno de los cerebros detrás del desvío de recursos por más de 1,7 billones de pesos, destinados a llevar internet a escuelas rurales del país.
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La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia del martes 8 de abril y como parte de su estrategia para desmantelar la compleja red de contratistas, funcionarios y empresas fachada que participaron en el saqueo. El beneficio judicial de inmunidad total por el delito de peculado por apropiación será por un año.
A cambio de ello, Cáceres Bayona se comprometió a reintegrar 12.000 millones de pesos a la Nación y a colaborar con información clave que permita judicializar a otros responsables.
La ruta del dinero y la red detrás del saqueo
Según ha podido establecer el diario El Tiempo, la información aportada por Cáceres ha sido determinante para que otros implicados terminaran confesando su participación en los hechos ilícitos y también solicitaran principios de oportunidad. En la lista aparecen figuras conocidas como Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque.
De acuerdo con el ente acusador, uno de los principales objetivos de la cooperación de Cáceres es Ottomar Lascarro, un poderoso contratista de la costa Caribe que, según las investigaciones, controlaba dos de las empresas clave en el entramado: Omega Building e Intec de la Costa. Estas firmas fueron utilizadas para que Emilio Tapia lograra adjudicarse el contrato con el Ministerio de las TIC.
La Fiscalía también sostiene que Lascarro exigió 4.000 millones de pesos a cambio de vender de manera fraudulenta la experiencia técnica necesaria para que la Unión Temporal Centros Poblados —controlada por Tapia— pudiera participar en el proceso contractual. Un primer giro por 300.000 dólares fue rastreado desde una cuenta de la empresa Nuovo Security LLC, propiedad de Cáceres Bayona.
El propio Cáceres, como lo reveló el medio citado, había utilizado parte del anticipo del contrato para adquirir un apartamento, un vehículo de alta gama y financiar otros gastos personales. Sin embargo, tras estallar el escándalo, habría intentado reversar esas operaciones para restituir el dinero.
En agosto de 2024, la Fiscalía ya había concedido a Cáceres un principio de oportunidad parcial por el contrato 1043 de 2020, que preveía la provisión de internet a escuelas rurales. En ese momento, también se pactó una suspensión de la acción penal por un año mientras el implicado avanzaba en la devolución de recursos y colaboración con la justicia.
De los 9.062 millones de pesos que comprometió devolver por ese contrato, hasta la fecha ya ha reintegrado 3.800 millones, quedando un saldo pendiente superior a los 5.000 millones de pesos.
Según conoció W Radio, el plan de pagos de la deuda de Cáceres será de la siguiente forma:
- 3.000 millones de pesos a las víctimas (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), de la siguiente manera: entre abril y diciembre de 2025 se entregarán $1.500 millones, y en junio de 2026 se cancelarán los otros $1.500 millones.
- Cada seis meses se pagarán $1.000 millones hasta completar las cuotas restantes.
Ahora, con la inmunidad total concedida, Cáceres se convierte en uno de los testigos estrella en un proceso que ha salpicado no solo a contratistas, sino también a funcionarios públicos y empresarios del sector tecnológico.
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