Aumenta la venta ilegal de ciclomotores en Colombia: aseguran que no requieren Soat ni licencia

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi emitió una alerta sobre el incremento de la comercialización informal e ilegal de ciclomotores en Colombia, una problemática que no solo afecta la seguridad vial, sino que también compromete la movilidad sostenible en el país.

Según informó la entidad, esa situación se ha visto agravada por la falta de controles efectivos y el incumplimiento de las normativas establecidas, lo que ha permitido que estos vehículos sean vendidos sin las regulaciones necesarias, poniendo en riesgo a conductores, peatones y ciclistas.

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La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi precisó que muchos de esos vehículos son promocionados de manera engañosa, asegurando que no requieren matrícula, Soat, ni licencia de conducción, y que pueden circular libremente por ciclorutas y otros espacios no habilitados para ellos. Además, se detectó que algunos ciclomotores se comercializan en establecimientos no especializados, como droguerías, donde los consumidores no reciben información adecuada sobre las normativas que deben cumplir ni sobre los elementos de protección necesarios para su uso.

El director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, Iván García, destacó que el aumento de la informalidad y la ilegalidad en la comercialización de ciclomotores está generando un impacto negativo en la seguridad vial y en el cumplimiento de las normativas de tránsito. Según datos proporcionados por la entidad, el registro formal de ciclomotores en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) disminuyó un 51% entre 2022 y 2024, mientras que las importaciones de vehículos promocionados como “bicicletas eléctricas” crecieron más del 700% en 2024. Ese desbalance sugiere un desplazamiento masivo hacia la informalidad, impulsado por la falta de regulación en la importación y venta de estos vehículos.

La cámara subrayó que dicho fenómeno no solo afecta la seguridad vial, también genera confusión entre los consumidores, quienes muchas veces desconocen las diferencias entre un ciclomotor y una bicicleta eléctrica, así como las implicaciones legales y normativas de adquirir uno de estos vehículos.

La Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte estableció criterios claros para diferenciar entre bicicletas eléctricas y ciclomotores. Según la normativa, una bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido debe cumplir con las siguientes características: un peso máximo de 35 kilogramos, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora (15,5 millas por hora) con asistencia, y una potencia nominal del motor que no supere los 350 vatios. Además, el motor debe desconectarse automáticamente al alcanzar la velocidad máxima o al dejar de pedalear.

Por otro lado, los ciclomotores se distinguen por tener motores de mayor potencia, que pueden alcanzar hasta 4.000 vatios, y por superar los 25 kilómetros por hora. A diferencia de las bicicletas eléctricas, los ciclomotores no requieren necesariamente pedaleo para avanzar, ya que cuentan con aceleradores. Esas diferencias son fundamentales, puesto que cada tipo de vehículo está sujeto a normativas específicas: mientras que las bicicletas eléctricas pueden circular por ciclorutas y no necesitan matrícula ni Soat, los ciclomotores deben cumplir con requisitos similares a los de una motocicleta.

La falta de control sobre la comercialización y el uso de ciclomotores tiene consecuencias directas en la seguridad vial. Según explicó Iván García, la ausencia de regulación permite que los usuarios de estos vehículos no cumplan con las mismas obligaciones que otros actores viales, lo que incrementa los riesgos tanto para ellos como para los demás usuarios de las vías. Esta situación, según la cámara, requiere una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.

Para abordar esa problemática, la entidad presentó un conjunto de siete medidas dirigidas a promover la formalidad y la legalidad en el sector. Entre las propuestas se encuentran:

1. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control.
2. Sancionar a los comercializadores que promueven la venta ilegal.
3. Aclarar la normativa vigente a los organismos de tránsito.
4. Implementar campañas de sensibilización para los consumidores.
5. Actualizar la normativa para categorizar correctamente los vehículos de dos ruedas.
6. Coordinar esfuerzos con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
7. Revisar y ajustar la normativa aplicable en Bogotá.

La normativa colombiana establece una serie de requisitos obligatorios para los ciclomotores, tanto de combustión interna como eléctricos, adquiridos después de la entrada en vigor de la Resolución 160 de 2017. Según informó la Secretaría de Movilidad, estos vehículos deben estar matriculados en el Runt, portar una placa similar a la de las motocicletas, contar con el Soat y someterse a la revisión técnico-mecánica. Además, los conductores de ciclomotores deben poseer una licencia de conducción de categoría A1, específica para este tipo de vehículos.

El incumplimiento de estos requisitos puede acarrear sanciones económicas superiores a 300.000 pesos, así como la inmovilización del vehículo. Sin embargo, los conductores tienen la posibilidad de evitar que el ciclomotor sea llevado a patios si presentan la licencia en un plazo de 60 minutos, muestran la información en tiempo real a través de la aplicación del Runt o permiten que otra persona con licencia válida conduzca el vehículo.

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez para frenar la proliferación de ciclomotores que circulan sin regulación y sin garantías de seguridad. Según la entidad, la implementación de las medidas propuestas no solo contribuiría a mejorar la seguridad vial, sino que también permitiría garantizar que los consumidores reciban información clara y precisa sobre las normativas aplicables a estos vehículos.

El desafío ahora recae en las autoridades locales y nacionales, quienes deberán coordinar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la normativa y promover la formalidad en el sector. Mientras tanto, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi continuará trabajando para sensibilizar a los consumidores y fomentar el uso responsable de los ciclomotores en Colombia.