La audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros doce investigados por el caso Aguas Vivas está programada para el martes 8 de abril a las 2:10 p. m., luego de haber sido aplazada en dos ocasiones anteriores.
Los implicados enfrentan acusaciones por presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Este proceso judicial busca esclarecer uno de los mayores escándalos de presunta corrupción denunciados durante la administración anterior en la capital de Antioquia.
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La diligencia fue reprogramada el 1 de abril, luego de que los abogados defensores de algunos de los investigados solicitaran el aplazamiento.
Entre los señalados se encuentran dos exsecretarios de la administración de Quintero, que, junto con el exalcalde, fueron objeto de críticas por lo que algunos consideran una estrategia dilatoria en el avance del caso.
La Fiscalía, por su parte, solicitó que la audiencia se lleve a cabo sin más dilaciones al centro de servicios judiciales, con el objetivo de evitar nuevos retrasos.
El primer aplazamiento de la audiencia ocurrió el 21 de marzo, cuando dos abogados defensores de los implicados solicitaron mover la fecha debido a compromisos previos.
Uno de estos pedidos fue presentado por la abogada del exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, que argumentó que debía asistir a los grados de una maestría y a otro compromiso en la Corte Suprema.
Por su parte, el abogado defensor de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, también solicitó más tiempo para preparar la defensa técnica de su cliente, ya que acababa de asumir el caso.
El segundo aplazamiento tuvo lugar el primero de abril, cuando el abogado de Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial, informó que no podría asistir a la audiencia debido a un compromiso previo en un juzgado de La Ceja. Este retraso generó nuevas críticas, especialmente porque Montoya es señalado como uno de los más implicados en el caso.
Ante estos retrasos, la abogada e influenciadora Gloria Jaramillo, conocida como Tyche, presentó una solicitud de vigilancia administrativa al Consejo Superior de la Judicatura. Jaramillo pidió que se supervise el proceso penal en los Juzgados 16 y 31 Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Medellín, los cuales avalaron los aplazamientos de las audiencias.
Además de Daniel Quintero, el proceso involucra a varios exfuncionarios de su administración, entre ellos Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García Trujillo, Karen Bibiana Delgado Manjarrés (exsecretaria de Suministros y Servicios), Alethia Carolina Arango Gil (exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público), Sergio Andrés López Muñoz (exdirector de Planeación de Medellín), Ingrid Vanessa González Montoya (exsecretaria de Gestión Humana), Natalia Andrea Jiménez Pérez (exsubsecretaria de Ejecución), Leidy Jiménez Echavarría (exsubsecretaria de Proveedores) y Yina Marcela Pedroza Gómez (exsubsecretaria legal de Movilidad). También están vinculados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y Juan Manuel Villegas Márquez, otro particular.
La Fiscalía investiga cómo se habrían llevado a cabo una serie de maniobras administrativas relacionadas con el lote Aguas Vivas, ubicado en el sector de Las Palmas.
Según el ente acusador, este terreno fue avaluado por la Alcaldía en 48.234 millones de pesos en 2021, presuntamente para beneficiar a privados. Además, se analiza el papel de Quintero en la firma de un decreto que modificó el uso del suelo del lote, después de que la justicia impidiera a la Alcaldía realizar una conciliación que habría implicado el pago de 40.509 millones de pesos a particulares.
El caso Aguas Vivas es señalado como uno de los mayores escándalos de presunta corrupción durante la gestión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. La Fiscalía busca determinar las responsabilidades individuales en las decisiones administrativas que llevaron a la valorización del lote y los posibles beneficios otorgados a privados.
Este proceso no solo pone en el centro de atención a Quintero, sino también a varios de sus colaboradores más cercanos, que desempeñaron roles clave en su administración.
La audiencia del martes 8 de abril será crucial para definir el rumbo del caso, especialmente después de los retrasos que han generado críticas y sospechas sobre posibles tácticas dilatorias. La Fiscalía dejó claro su interés en avanzar con el proceso y evitar nuevos aplazamientos, mientras que los abogados defensores insisten en la necesidad de garantizar el derecho a una defensa adecuada para sus representados.
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