La Procuraduría General de la Nación emitió recientemente un pliego de cargos en el marco de distintas investigaciones que involucran a un exgobernador y a tres exalcaldes de ciudades capitales: Ibagué, Riohacha y Leticia.
Los funcionarios, quienes ocuparon sus cargos entre 2020 y 2023, son señalados por presuntamente no haber asignado los recursos presupuestarios adecuados para garantizar el funcionamiento continuo de los centros de detención transitorios en sus respectivas regiones.
Este incumplimiento ha generado preocupaciones sobre la falta de atención a las necesidades básicas de estos centros, que deben contar con los fondos necesarios para operar de manera eficiente y segura.
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En uno de los procesos disciplinarios adelantados por la Procuraduría General de la Nación, se profirió pliego de cargos contra el exgobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y el exalcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, por presuntas omisiones en la atención a personas privadas de la libertad.
Según el ente de control, ambos habrían incumplido su obligación de garantizar el servicio de alimentación en la Estación de Policía de Leticia durante varios periodos entre 2020 y 2021, específicamente en los meses de febrero, agosto y septiembre de 2020, y enero, febrero, marzo y abril de 2021. La Procuraduría señaló que los investigados “no brindaron el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad -PPL- en la Estación de Policía de la ciudad”.
En un segundo proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por presuntas omisiones en la planeación presupuestal del municipio durante su administración. Según el órgano de control, Hurtado no habría incluido en los presupuestos de los años 2021, 2022 y 2023 los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de la Estación de Policía La Permanente Central.
Entre las necesidades desatendidas, la Procuraduría enumeró “la reparación de la infraestructura, adecuación de las instalaciones para visitas conyugales y enfermería, compra de kits y elementos de aseo e higiene, así como gastos de remisiones y demás servicios, entre otros”.
En una tercera actuación disciplinaria, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra José Ramiro Bermúdez Cotes, exalcalde de Riohacha, por presuntamente no asignar los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de varios centros de detención en esa ciudad. Según el ente de control, durante los años 2020, 2021 y 2023 no se destinaron partidas presupuestales para cubrir los gastos operativos de los Centros de Atención Transitoria, la Estación de Policía La 19 y las subestaciones ubicadas en Cotoprix y Camarones.
La entidad advirtió que, en los casos investigados, las autoridades territoriales habrían incumplido con su deber legal de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, una población que, por su condición, debe recibir especial protección por parte del Estado. El órgano de control señaló que los exmandatarios investigados omitieron adoptar medidas fundamentales.
Según la Procuraduría, los funcionarios locales y departamentales están obligados a tomar las acciones necesarias para cumplir con ese cometido, entre ellas, “contar con el presupuesto para atender los componentes que requieran de atención frente a esta población”.
El ministerio Público concluyó su comunicado sobre esta noticia diciendo lo siguiente: “Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los cuatro mandatarios locales como una falta grave cometida con culpa grave”.
En relación con el tema, en el mes de marzo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieron una alerta sobre la inminente suspensión del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria del país. A partir del 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) dejará de suministrar alimentos en estos establecimientos, responsabilidad que recaerá en las entidades territoriales.
La medida responde a lo estipulado en la Ley 2346 de 2024, que asigna a alcaldías y gobernaciones la obligación de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). En ese sentido, cada gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la ley, a partir de junio de este año.
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