Hijo de Eudaldo Díaz, asesinado alcalde de El Roble, reaccionó ante la comparecencia de Salvador Arana ante la JEP: “De él no esperamos nada”

Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, deberá comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el lunes 7 y martes 8 de abril, en audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal transicional; con el fin de hacer seguimiento al régimen de condicionalidad establecido para los comparecientes.

Durante la audiencia, Arana tendrá que detallar sus avances en proyectos de reparación dirigidos a las víctimas ye responder a las solicitudes relacionadas con posibles medidas cautelares en las fincas Tierra Santa o Las Flores: ubicadas en la vía entre Sincelejo y Sampués. En estas propiedades se sospecha la posible existencia de restos de personas desaparecidas durante la ola de violencia que azotó la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estas diligencias han generado expectativa frente a la conducta de Arana, que si bien reconoció ser el determinador de crímenes como el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, cuyo cadáver fue encontrado el 10 de abril de 2003, no habría avanzado en las labores de reparación a las víctimas de este suceso; que tras más de 21 años sigue causando dolor entre sus familiares.

Como Juan David Díaz, hijo del ultimado exmandatario, que expresó en entrevista con Infobae Colombia que existe desconfianza respecto a la actitud del exgobernador, pues no mostraría interés de ejercer una labor de reparación a los que padecieron su accionar criminal. “De él no esperamos nada, porque lo que hemos visto son verdades a medias y compromisos sin cumplir”, afirmó el defensor de derechos humanos.

En consecuencia, Díaz no disimuló su desencanto respecto al proceso que ha seguido el exfuncionario ante la JEP. En diálogo con esta redacción, señaló que “él se comprometió a entregar información importante que hasta la fecha no ha cumplido” y calificó esta ausencia de resultados como un incumplimiento de las condiciones a las cuales está sujeto el exmandatario regional, que goza de libertad condicionada.

“Han pasado aproximadamente dos años desde que se le concedió la libertad, y ni hemos conocido esa verdad ni hemos visto una reparación efectiva”, enfatizó el líder, que además hizo una dura advertencia hacia los beneficios que el tribunal transicional estaría otorgando si los comparecientes no cumplen con la verdad ni la reparación.

Según explicó en declaraciones que entregó a Infobae, “la JEP debe actuar con responsabilidad y retirar los beneficios a quienes demuestren que no están comprometidos con las víctimas”. Con ello, Juan David Díaz se sumó a las solicitudes de otros familiares de víctimas, que también abogan por la expulsión de Arana del sistema transicional debido a supuestas irregularidades.

Otro de los aspectos que de acuerdo con las víctimas debe ser revisado es la acusación contra Arana sobre una presunta falsedad en su declaración patrimonial. Al respecto, Díaz mencionó que, tras la salida de prisión, el exgobernador afirmó ante la JEP no contar con recursos económicos, motivo por el cual se le asignó un abogado de oficio para su defensa; tal y como obliga la ley colombiana.

No obstante, y de acuerdo con las declaraciones del hijo del alcalde asesinado, esta versión de Arana carecería de verdad y sería una fachada para ocultar su verdadera condición. “Su esposa introdujo una demanda de divorcio y en ella demostró que Arana posee múltiples propiedades; es decir, engañó no solo a las víctimas, sino también a la jurisdicción”, aseguró Díaz.

Como es de esperarse, el caso dio pie para preocupaciones más amplias sobre este asunto, como lo reveló otra denuncia de Díaz y respaldada por la hija de la asesinada exfiscal Yolanda Paternina Negrete, que investigó la masacre de Chengue antes de ser ultimada. En este caso, los familiares señalan a Arana como responsable de ese crimen; en medio de las denuncias ante la JEP por los casi nulos aportes a la verdad.

Según le comentó Díaz a Infobae Colombia, el tribunal tiene la obligación de garantizar tanto verdad como reparaciones completas para las víctimas de delitos relacionados con el conflicto armado colombiano. Y es que, pese a las amenazas, persecuciones y obstáculos, tanto él como otras víctimas de estos hechos, lograron demostrar que Arana habría establecido una alianza macabra con las autodefensas

Por ello, reiteró que “la JEP debe responder y cumplir con su deber de justicia, ya que tomó decisiones contrarias incluso a las recomendaciones de la Corte Suprema, que había señalado que él no debía ser acogido bajo esta jurisdicción”. En consecuencia, es un deber que se detallen los avances en proyectos de reparación dirigidos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.