Tribunal Superior de Medellín pone la lupa a una empresa nacional: ordenó a la Fiscalía investigar presuntos nexos con paramilitares

El 6 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar posibles hechos punibles que podrían involucrar a un gigante de bebidas colombiano.

Según información obtenida por el medio independiente Vorágine, la decisión se fundamenta en declaraciones realizadas por el excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, en las que aseguró que la compañía habría entregado aportes en especie a una fundación infantil controlada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La nueva orden del tribunal se da más de 11 años después de que el exlider paramilitar contara, bajo juramento, de la presunta conexión con Postobón en una audiencia de Justicia y Paz en 2012 y retomadas en una reciente sentencia contra varios exparamilitares del Bloque Bananero.

De acuerdo con la información publicada por Vorágine, la entidadla en cuestión, denominada Fundación Infantil Mi Hogar, fue creada en 2003 por miembros de las AUC en el municipio de Turbo, Antioquia.

Según Hasbún, la organización surgió tras detectar irregularidades en un albergue infantil que recibía recursos de la Alcaldía, pero mantenía a los menores en condiciones precarias. Por eso, los paramilitares decidieron intervenir y establecer la fundación en un lote perteneciente a la empresa de aceite de palma Codelsa, con el objetivo de mejorar las condiciones de los niños de la región.

La Fundación Infantil Mi Hogar fue creada formalmente el 7 de mayo de 2003, según documentos obtenidos por el medio independiente, y su junta directiva estaría integrada por figuras clave del paramilitarismo en Urabá.

Entre ellos se encontraría Alonso Hurtado Patiño, un capitán retirado del Ejército que habría dirigido la Convivir Papagayo, una cooperativa de vigilancia que, según sentencias judiciales, operaba como fachada del Bloque Bananero de las AUC.

También figuran nombres como Jaime Sierra Moreno, ganadero y palmicultor condenado por desplazamiento forzado en el Bajo Atrato, y Carlos Alejandro Jaramillo, que fue representante legal de la Convivir Papagayo y estuvo vinculado a investigaciones por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Según el testimonio de Hasbún, la fundación se financiaba a través de actividades como rifas y subastas ganaderas, en las que se ofrecían animales comunes a precios exorbitantes. Estas actividades, según el excomandante, contaban con el apoyo de empresarios locales que sabían que los recursos estaban destinados al albergue infantil.

En ese caso, Hasbún señaló que la empresa de bebidas habría contribuido con enfriadores para la fundación, lo que ha motivado la reciente compulsa de copias por parte del Tribunal Superior de Medellína.

Pero las declaraciones de Hasbún no son las únicas que han señalado a la compañía por presuntos vínculos con grupos paramilitares. En 2007, Carmen Rincón, alias La Tetona, entregó a la Fiscalía una lista de empresas relacionadas con las AUC en Santa Marta, entre las que figura la compañía de gaseosas.

Un año después, el exparamilitar Armando Madriaga afirmó que, entre 1999 y 2000, recibía cajas de gaseosa del gigante colombiano que luego vendía para financiar actividades del Frente Héctor Julio Peinado Becerra.

En 2009, Hasbún y Ever Velosa, alias HH, declararon ante la Fiscalía que habrían logrado captar recursos de empresas bananeras, distribuidores de gas y también de la empresa de bebidas para financiar al Bloque Arlex Hurtado de las AUC.

Según estos testimonios, la compañía habría acordado un “impuesto de guerra” por cada envase distribuido en zonas controladas por los paramilitares, lo que, presuntamente, garantizaba la exclusión de pagos a las Farc.

Ese mismo año, Salvatore Mancuso, otro exlíder de las AUC, aseguró que directivos de empresa de gaseosas habrían pactado un pago mensual de 10 millones de pesos para operar sin interferencias en territorios bajo control paramilitar.

El caso de la Fundación Infantil Mi Hogar revivió en el tribunal el papel de las Convivir, cooperativas de vigilancia que, según sentencias judiciales, fueron utilizadas por las AUC para operar bajo un manto de legalidad. Estas organizaciones no solo servían como fachada para actividades paramilitares, sino que también canalizaban recursos de empresarios locales hacia los grupos armados.

En el caso de la fundación, Hasbún explicó que las Convivir organizaban actividades para recaudar fondos, como la venta de bonos y subastas, y que los recursos eran administrados por miembros de las AUC.

Además, aseguró que la fundación mantenía una relación cercana con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que enviaba niños a los albergues administrados por los paramilitares.

Pero las acusaciones contra la empresa no son nuevas. Según documentos conocidos por Vorágine, en 2016, el tribunal de Justicia y Paz de Bogotá pidió a la Fiscalía investigar posibles nexos entre empleados de la empresa y paramilitares del Frente Fronteras de las AUC en el Cesar.

En ese momento, una sentencia reveló que patrulleros del grupo armado presuntamente recibían pagos regulares de la compañía para su manutención y alimentación.

En 2019, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar nuevamente a la empresa, tras el testimonio de una exintegrante del Bloque Héroes de Granada que aseguró que la empresa de bebidas había financiado a ese grupo paramilitar.

A pesar de las reiteradas acusaciones, la compañía ha rechazado cualquier vínculo con actividades ilegales, aunque ha preferido no pronunciarse sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Medellín.