Las redes sociales siguen siendo el principal campo de batalla del presidente Gustavo Petro que ha convertido su cuenta de X en el principal medio de comunicación oficial de su gobierno.
De hecho, el Ejecutivo ha implementado una estrategia de comunicación que priorizaría el uso de redes sociales y creadores de contenido para amplificar su mensaje político.
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Según una reciente investigación de El Espectador, esta táctica incluye la contratación de influenciadores digitales con recursos públicos, que no solo promueven las iniciativas gubernamentales, sino que participan activamente en debates y enfrentamientos ideológicos en plataformas como X.
De acuerdo con el medio nacional, entre el 2 y el 4 de abril, un centenar de cuentas en X promovieron el hashtag #ConsultaPopularSí, en apoyo a una consulta popular impulsada por el presidente Petro.
Esta actividad no fue un caso aislado. Semanas antes, el 18 de marzo, las mismas cuentas habían utilizado la etiqueta #ALasCallesEste18, que alcanzó un pico de 2.25 millones de impresiones.
Estas cuentas, que comparten características comunes como el uso de emojis asociados al progresismo y la interacción con perfiles oficiales del Gobierno, han sido identificadas como parte de una red coordinada que incluye a influenciadores contratados por entidades estatales.
El Espectador detalló que al menos 18 influenciadores tienen contratos vigentes con diversas entidades gubernamentales, que en conjunto suman 731 millones de pesos, solo en 2025.
Entre las instituciones que han celebrado estos acuerdos se encuentran los ministerios de Salud y Minas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el sistema de medios públicos Rtvc y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Algunos de estos contratos se remontan a agosto de 2022 y, en total, superan los $1.500 millones.
Entre los nombres destacados figuran Levy Rincón y Walter Rodríguez, que conducen el programa Política al revés en Rtvc. También se encuentra David Rozo, conocido como @DonIzquierdo_, que tiene un contrato vigente por 11 millones de pesos con la misma entidad.
En la SIC, bajo la dirección de Cielo Rusinque, se identificaron influenciadoras como Laura Beltrán (@smilelalis), con un contrato de $133 millones, y Diana Marcela Portilla (@Nometiente2), con un contrato de $42 millones.
Portilla, además, enfrenta un proceso judicial tras ser acusada por el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, de presentar una declaración falsa en la que afirmó que él y otros políticos planeaban asesinarla. Según documentos obtenidos por El Espectador, esta acusación también fue difundida en su cuenta de X.
Otros nombres relevantes incluyen a Valentina Gutiérrez Araújo (@Valentinarauj18), con contratos en el Ministerio del Interior y el DPS por 28 y 36 millones de pesos, respectivamente; Elizabeth Ortiz (@ElizbethCris7), con acuerdos en los ministerios de Salud y Minas por 46 y 114 millones de pesos; y Urías Velásquez (@Uriasv), periodista y economista con un contrato de $157 millones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
El Espectador también identificó a funcionarios con vínculos con esta estrategia, como Luis Pérez Casas, exsuperintendente de Subsidio Familiar destituido e inhabilitado por 12 años, y María Nini Echeverry, actual superintendente delegada para la Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud.
Además, se señala que el hijo de un alto funcionario cercano al presidente Petro podría estar detrás de la coordinación de esta red digital desde la Casa de Nariño.
Aunque el uso de influenciadores no es exclusivo del Gobierno Petro, la asignación de recursos públicos para este fin ha generado críticas. Según el director del DPS, Jhon Jairo Bolívar, la contratación de creadores de contenido es legítima y busca contrarrestar lo que calificó como “calumnias” y “mafias de la corrupción”.
Asimismo, la oposición política también utiliza redes sociales para promover su agenda. Más de 40 cuentas, incluidas las de concejales y empresarios, han sido identificadas como parte de esta estrategia.
Entre los nombres destacados están Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal; Jaime Arizabaleta, excandidato a la Alcaldía de Cali; y Andrés “El Gury” Rodríguez, concejal de Medellín.
El 18 de marzo, durante una movilización convocada por Petro, se enfrentaron dos hashtags: #ALaCalleEste18, promovido por el oficialismo, y #PetroYoNoMarcho, impulsado por la oposición. Mientras el primero alcanzó 2.25 millones de impresiones, el segundo llegó a 367.000, evidenciando una disparidad en el alcance digital de ambos sectores.
La estrategia de comunicación del Gobierno incluye una directiva emitida en noviembre de 2024, que establece que un tercio de los recursos destinados a planes de medios debe asignarse a medios comunitarios, alternativos y digitales.
Según El Espectador, entre agosto de 2022 y enero de 2025, el gasto en propaganda gubernamental ascendió a $131.535 millones, incluyendo contratos con canales públicos como Rtvc, Canal Trece y Telecafé.
El presidente Petro ha defendido el uso de redes sociales como una herramienta clave para su proyecto político. En un discurso en febrero de 2024, afirmó que sus publicaciones en X tienen más alcance que cualquier programa de televisión.
Esta estrategia, que comenzó durante su campaña presidencial en 2022, se intensificaría en las próximas campañas de la consulta popular y las elecciones al Congreso y la Presidencia, con el objetivo de consolidar el progresismo hasta 2030.
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