La empresa Afinia, filial del Grupo EPM y encargada del suministro eléctrico en la región Caribe de Colombia, atraviesa una de las crisis más graves desde su creación.
Según advirtió su gerente general, Ricardo José Arango Restrepo, la compañía se encuentra al borde del colapso operativo, una situación que podría traducirse en apagones generalizados antes de que finalice 2025 si no se toman medidas urgentes.
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En declaraciones entregadas a medios como La W y El Tiempo, Arango fue enfático en señalar que la situación financiera de la empresa es “alarmante” debido a dos factores críticos: el bajo recaudo en ciertas zonas y la falta de desembolso de subsidios por parte del Gobierno nacional.
“No podemos seguir operando sin recibir los pagos correspondientes por el servicio ni los recursos prometidos por el Estado”, afirmó el directivo.
El panorama no podría ser más preocupante. En una escala del 1 al 10, donde 10 representa el riesgo máximo de un apagón, el gerente de Afinia calificó la situación “muy por encima del 7″.
La advertencia incluye a departamentos como Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y parte del Magdalena, donde Afinia presta el servicio de energía a más de tres millones de usuarios.
A pesar de haber invertido cerca de 3 billones de pesos en los últimos años, la compañía no ha logrado garantizar su sostenibilidad financiera. El respaldo del Grupo EPM ha sido clave para evitar el colapso, pero Arango aseguró que los recursos de la casa matriz “tienen un límite” y ese límite está a punto de alcanzarse.
Uno de los puntos más delicados es el índice de recaudo en zonas de difícil gestión. De acuerdo con Arango, en algunos municipios, Afinia solo recupera 1 peso por cada 100 invertidos en la distribución del servicio.
Esta situación ha obligado a la empresa a implementar estrategias de racionamiento eléctrico, bajo el esquema denominado Periodo de Continuidad Concertada (PCC).
Este plan contemplaba cortes de energía de hasta 12 horas en sectores con alto nivel de morosidad. Sin embargo, tras el rechazo de las comunidades y las quejas por falta de comunicación previa, Afinia suspendió temporalmente la medida.
Según explicó Arango, la empresa buscará ahora retomar el diálogo con los habitantes para encontrar soluciones conjuntas que permitan mejorar los niveles de recaudo.
“Queremos brindar un servicio de calidad y continuo, pero necesitamos que los usuarios también se comprometan con el pago”, afirmó.
A la compleja situación del recaudo se suma un obstáculo estructural: la falta de pago de los subsidios correspondientes al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) y al Fondo de Energía Social.
Según cifras de la empresa, la deuda del Gobierno con Afinia asciende a 2,5 billones de pesos. Esta mora ha obligado a la compañía a operar con recursos propios, lo que ha incrementado la presión sobre sus finanzas.
“Llevamos tiempo esperando estos recursos, pero no llegan. Mientras tanto, la situación se agrava”, señaló Arango e insistió en un llamado urgente al Gobierno nacional para que cumpla con sus compromisos.
Como parte de las estrategias para evitar la interrupción del servicio, Afinia evalúa implementar un sistema de pago prepago, similar al de la telefonía móvil. Esta modalidad permitiría a los usuarios gestionar su consumo eléctrico de acuerdo con sus posibilidades económicas.
La propuesta, sin embargo, ha generado críticas entre organizaciones comunitarias, que advierten que podría afectar aún más a las familias con ingresos inestables.
Frente a estas preocupaciones, Afinia ha anunciado la instalación de mesas de trabajo con participación de líderes sociales, autoridades locales y representantes del Gobierno, con el objetivo de buscar alternativas viables que no profundicen la desigualdad en el acceso al servicio eléctrico.
La advertencia es clara: si no se corrigen las fallas estructurales que hoy amenazan la sostenibilidad de Afinia, el riesgo de un apagón en la región Caribe no es un simple escenario hipotético, sino una posibilidad real y cercana.
“El compromiso de Afinia es con sus usuarios, pero solos no podemos”, sentenció el gerente. La continuidad del servicio depende, ahora, de decisiones urgentes desde el nivel central y de un mayor compromiso ciudadano en el pago del servicio.
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