Un informe de la Fiscalía General de la Nación ha puesto en el centro de atención una serie de reuniones secretas, denominadas “cónclaves”, que habrían tenido lugar en la Casa de Nariño.
Según el documento, estas reuniones habrían sido utilizadas para coordinar presuntas acciones corruptas, como la compra de apoyo político mediante contratos millonarios y dinero en efectivo.
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La investigación, que incluye testimonios y pruebas documentales, también señala posibles irregularidades en el sistema de cámaras de seguridad del palacio presidencial, lo que ha generado sospechas de ocultamiento de pruebas.
De acuerdo con el medio Semana, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, figura como uno de los principales implicados en esta trama. López habría recibido órdenes directas para influir en congresistas con el objetivo de garantizar el respaldo a las iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su testimonio ante la Fiscalía, López describió cómo estas reuniones se llevaban a cabo en espacios específicos del Palacio de Nariño, los cuales están equipados con cámaras de seguridad. Sin embargo, las grabaciones de estos encuentros presentan fallas técnicas que han dificultado el acceso a información clave.
El informe de la Fiscalía detalla que, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al 21 de septiembre de 2023, se detectaron anomalías en los archivos.
Según el documento, los videos de las cámaras identificadas como 123 y 125, que deberían tener una duración de 38 y 15 minutos respectivamente, solo muestran dos minutos de contenido al ser reproducidos.
Estas irregularidades fueron corroboradas por un ingeniero y por el jefe de seguridad de las instalaciones, que señalaron que el sistema de grabación, conocido como “securos”, ha presentado problemas desde su implementación.
El medio Semana informó que estas fallas técnicas coincidieron con el momento en que los investigadores identificaron en las grabaciones a Olmedo López y a Sandra Liliana Ortiz Nova, ex alta consejera para las regiones, en un pasillo del Palacio de Nariño.
Ortiz Nova, que actualmente colabora con la justicia, habría participado en la ejecución de un plan para entregar dinero en efectivo a congresistas. La Fiscalía solicitó a la Presidencia de la República copias de las comunicaciones internas relacionadas con las fallas del sistema de grabación, correspondientes al periodo entre el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023.
El testimonio de Olmedo López, presentado ante la Fiscalía el 6 de junio de 2024, ha sido clave en el avance de la investigación.
López describió con detalle cómo se desarrollaban los “cónclaves” en la Casa de Nariño, señalando que las reuniones se realizaban en espacios específicos del palacio, como antesalas y salones históricos. Según su relato, los asistentes debían dejar sus teléfonos móviles en una cajonera antes de ingresar, lo que dificultaba la obtención de pruebas directas.
López también afirmó que recibió órdenes de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para apoyar a los entonces presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, en el cumplimiento de acuerdos políticos.
En su declaración, López señaló que Ortiz Nova actuó como intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado, en dos transacciones realizadas en su residencia al norte de Bogotá.
Además de su testimonio, Olmedo López presentó pruebas documentales que respaldan sus afirmaciones. Entre ellas, se encuentran el tiquete de avión que utilizó para regresar a Bogotá el 21 de septiembre de 2023, el agendamiento de la cita en la Casa de Nariño para un Consejo de Ministros a las cuatro de la tarde de ese día, y un certificado de disponibilidad presupuestal por 700.000 millones de pesos, trasladados a la Ungrd en la misma fecha. También aportó datos de geolocalización de su celular, que confirman su presencia en el palacio presidencial.
La Fiscalía ha centrado su atención en Carlos Ramón González, quien habría sido uno de los principales responsables de coordinar las actividades relacionadas con los “cónclaves”. Según Semana, las autoridades han solicitado registros de operaciones bancarias sospechosas, movimientos migratorios y datos de geolocalización de González. Actualmente, se encuentra fuera del país, residiendo en España, lo que ha complicado el avance de las investigaciones.
Según el informe de la Fiscalía, citado por Semana las cámaras de seguridad de áreas clave, como el despacho de Carlos Ramón González, no cuentan con grabaciones completas. Esto ha llevado a los investigadores a solicitar información adicional sobre el funcionamiento del sistema de grabación y las posibles comunicaciones internas que alerten sobre las fallas técnicas.
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