Delincuentes y personas inescrupulosas nuevamente están suplantando la identidad de los ciudadanos para engañar y conseguir dinero de manera ilegal. En este nuevo caso reportado a la opinión pública, la persona que fue víctima de suplantación es el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, cuyo nombre está siendo utilizado para la exigencia de dinero.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Alcaldía de Santa Marta el 2 de abril de 2025, hay personas que están siendo contactadas a través de mensajes y llamadas de WhatsApp con el número 310 861 1467. Los criminales se hacen pasar por el mandatario local y ofrecen supuestos contratos.
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“Informan a sus víctimas que para obtener un contrato deben pagar una póliza o enviar un anticipo”, detalló la entidad en el comunicado a la opinión pública.
En consecuencia, la alcaldía reiteró a la ciudadanía que la información suministrada a través de ese número de celular es falsa y que el alcalde Carlos Pinedo Cuello no está exigiendo dinero ni ofreciendo ningún tipo de contrato. “Alertamos a la ciudadanía sobre esta suplantación y reiteramos que ni el alcalde ni ningún funcionario de la administración municipal solicitan dinero, datos personales o cualquier otro tipo de información a través de llamadas, mensajes de texto o redes sociales”, precisó.
La entidad instó a la población a estar atenta a este tipo de situaciones para evitar estafas. Asimismo, indicó que, en caso de estar recibiendo mensajes sospechosos en nombre del funcionario o de la misma Alcaldía de Santa Marta, recurrir a las autoridades competentes para hacer la denuncia respectiva.
“La Alcaldía hace un llamado a la ciudadanía para que no caigan en estos engaños y recuerden que cualquier proceso de contratación formal se realiza mediante los canales oficiales”, concluyó.
Suplantación de funcionarios de la Registraduría
En enero de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó una situación similar. Emitió una alerta sobre posibles irregularidades en los procesos de revocatoria del mandato iniciados el 1 de enero. Según la entidad, personas inescrupulosas suplantaron a altos funcionarios del organismo electoral para influir en las iniciativas ciudadanas, que permite a la población solicitar la destitución de alcaldes y gobernadores que llevan un año en sus cargos, al considerar que su gestión no ha sido acertada.
Los implicados estarían utilizando el nombre del registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, y de otros funcionarios para exigir dinero a cambio de interferir en los procesos, ya sea favoreciendo o perjudicando su avance.
La Registraduría recordó que la revocatoria del mandato es un derecho político establecido en la Ley 1757 de 2015, que no tiene costo para quienes lo promuevan y que debe cumplir con los requisitos legales establecidos. “Invitamos a los ciudadanos a no caer en manos de delincuentes y a denunciar cualquier intento de extorsión o irregularidad ante las autoridades competentes”, indicó entonces la entidad.
Los falsos tramitadores que dicen estar ligados a la ANT
Al igual que la Registraduría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó por un cúmulo de denuncias que indican que hay falsos tramitadores que aseguran tener contactos en la ANT y de otras entidades para engañar a la población campesina y a las comunidades étnicas.
Según indicó en un comunicado emitido el 5 de marzo de 2025, delincuentes están exigiendo entre $300.000 y $1.000.000 a ciudadanos interesados en la venta de sus predios, para que sean incluidos en la reforma agraria. Según el director de la ANT, Felipe Harman, ya hay más de 1.000 denuncias sobre este tipo de estafas, que se acumulan en los departamentos de Bolívar, Tolima y Meta. Además, hay falsos tramitadores que prometen soluciones a la población en materia de entrega de títulos de propiedad.
“Estamos hablando de denuncias nuevas ante Fiscalía General de la Nación, para que sea la autoridad competente la que evalúe posibles episodios de corrupción de forma clara y concreta con nombres y apellidos, en que encontramos de todo, desde oficinas de abogados que están diseñando contratos de corretajes en Urabá, personas que suplantan y que dicen tener relación y contratos con funcionarios de la Agencia, hasta organizaciones campesinas que se estarían prestando para eso”, indicó el funcionario, citado por la entidad.
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