En la mañana del miércoles 2 de abril de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia dio a conocer la decisión de prorrogar por un año más la intervención administrativa a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, perteneciente al grupo Keralty.
En respuesta, a través de un comunicado, la compañía española expresó su rotundo desacuerdo con la medida y calificó el acto como “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
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Según Keralty, la continuidad de la intervención no ha mejorado la situación de la EPS, sino que la ha agravado, empeorando los indicadores financieros y aumentando las quejas de los usuarios.
El trasfondo de la intervención
La Superintendencia de Salud argumentó que las razones para la prórroga se basan en el persistente incumplimiento de las condiciones financieras y la prestación de servicios a los afiliados.
Sanitas fue intervenida inicialmente el 2 de abril de 2024 bajo la figura de “supuesta insolvencia”, según alegó la autoridad en su momento.
Desde entonces, esta EPS, que cuenta con aproximadamente 5,8 millones de afiliados, ha estado bajo la supervisión directa de la Supersalud.
En el comunicado oficial emitido, la Superintendencia aludió al artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993, justificando que aún existen causales para mantener la medida; sin embargo, Keralty insistió en que la intervención no solo no ha solucionado la crisis, sino que la ha empeorado, mencionando que “el resultado de la gestión durante la intervención refleja un deterioro significativo de la situación financiera”.
“Se agrava la crisis”
De acuerdo con el texto publicado por Keralty, la empresa rechazó tajantemente la prórroga y advirtió que continuará el proceso legal que actualmente sostiene en instancias tanto nacionales como internacionales, dado que la intervención se ha traducido en:
- Un deterioro de los indicadores de patrimonio y reservas técnicas.
- Aumento en el porcentaje de siniestralidad, que estaría por encima del 105 %.
- Mayor número de quejas por parte de los afiliados, evidenciando un deterioro de la calidad en la atención.
La compañía atribuyó estos resultados a la “desfinanciación del sector y a las deudas acumuladas que el Gobierno se niega a reconocer”, y negó rotundamente que se trate de un problema de “mala gestión” por parte de Keralty.
El comunicado mencionó específicamente que los problemas financieros del sistema de salud en Colombia, agravados por la falta de recursos, tienen un impacto directo en entidades como Sanitas.
Acciones legales en curso y reclamo millonario
En enero de 2025, Keralty acudió a instancias internacionales para dirimir el conflicto que, según aseguró, ha significado la destrucción del valor económico de EPS Sanitas y perjuicios para sus accionistas y colaboradores.
Por tal razón, el grupo habría presentado una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que la intervención gubernamental vulnera el acuerdo de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia.
Los accionistas de Keralty, Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %), estiman que los perjuicios ocasionados por la intervención ascienden a 1.200 millones de dólares, una cifra que reclaman al Estado colombiano.
Esta demanda internacional se sumó a una denuncia penal que la compañía había interpuesto en abril de 2024 contra el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por supuestas irregularidades al ordenar la toma de posesión de la EPS Sanitas.
Los argumentos de la Supersalud
El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Salud, ha defendido la intervención a Sanitas y a otras EPS asegurando que estas empresas tienen graves problemas financieros y no cumplen con sus compromisos de atención a los usuarios.
No obstante, asociaciones médicas y proveedores del sistema de salud han denunciado que, tras las intervenciones, la situación de estas EPS no solo no mejora, sino que empeora.
Según informes de la Defensoría del Pueblo, las quejas en el Sistema General de Salud han aumentado en un 75,7 % durante los últimos dos años.
En el caso de las empresas intervenidas, se reportó una mayor restricción en pagos a hospitales y clínicas, la reducción de servicios en especialidades y escasez de medicamentos, factores que afectan directamente la atención de los pacientes.
Por su parte, la Supersalud insistió en que la decisión de prorrogar la intervención obedece a la persistencia de los factores que la motivaron y a la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de los afiliados.
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