Gobierno Petro suspendió diálogos con indígenas que generaron caos en el centro de Bogotá: “Las acciones de violencia nada tienen que ver con la protesta social”

La Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia quedó en el centro de la controversia luego de que se registraran actos violentos en el centro de Bogotá durante la mañana del jueves 3 de abril.

El viceministro del Interior para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, explicó que la decisión de interrumpir las negociaciones se tomó debido a que las acciones violentas no son compatibles con el marco normativo que regula las protestas sociales.

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De acuerdo con las declaraciones de Rondón, el Distrito de Bogotá ahora tiene la facultad de tomar las medidas necesarias para restablecer el orden en la ciudad.

“Bajo los hechos, la etapa de diálogo se suspende. El Distrito hará lo pertinente para garantizar los derechos de los habitantes en Bogotá”, afirmó el funcionario en diálogo con La W.

Esta decisión se tomó en el desarrollo de un seguimiento normativo que establece que no es posible continuar con el diálogo si se presentan acciones violentas.

De acuerdo con las autoridades, al menos diez vehículos, entre articulados de TransMilenio y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), fueron vandalizados durante las manifestaciones. Los bloqueos en la carrera décima, una de las principales vías de la ciudad, afectaron a más de 10.000 usuarios del transporte público, generando caos en la movilidad del centro de Bogotá.

El viceministro Rondón señaló que, aunque el Gobierno había mantenido un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación y garantizar el diálogo, las acciones violentas obligaron a suspender las conversaciones. Según el funcionario, el Distrito Capital ahora tiene la responsabilidad de actuar para restablecer el orden y proteger los derechos de los ciudadanos.

“Hemos dicho a la Alcaldía que en este momento la etapa del diálogo está suspendida y terminada y que en el marco del decreto 003 de 2021, el Distrito Capital debe hacer lo pertinente para generar acciones que permitan la garantía de derechos de todas las personas que viven en Bogotá”, dijo el viceministro del Interior, Gabriel Rondón en entrevista con La W.

El viceministro también destacó que las acciones de este grupo no representan a la totalidad de las comunidades indígenas que históricamente han llegado a Bogotá para manifestarse de manera pacífica. “Rechazamos rotundamente las acciones de violencia que nada tienen que ver con la protesta social y que tampoco identifican a la población indígena”, afirmó Rondón.

En este contexto, otras organizaciones indígenas, como la Mesa Regional Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Pasto y Quillasingas y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), se distanciaron de los hechos.

Ambas entidades aseguraron que no tienen relación con la Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia, el grupo señalado por los actos violentos.

Antes de la suspensión, el Gobierno había logrado avances en las negociaciones con las comunidades indígenas asentadas en la Plaza de Bolívar. Según declaraciones de Rondón a Noticias Caracol, se habían establecido acuerdos preliminares para mejorar las condiciones de estadía de los manifestantes en Bogotá y se había diseñado una ruta de trabajo para atender algunas de sus peticiones.

El viceministro explicó que el objetivo era avanzar en temas de política pública que respetaran la autonomía de los pueblos indígenas y cumplieran con las disposiciones de la Corte Constitucional. “Hemos planteado una reunión con estas personas para mirar una ruta que nos permita generar cuáles temas de política pública se pueden adelantar, sin menoscabar el tema de autonomía de los pueblos”, detalló Rondón.

La decisión de suspender el diálogo fue respaldada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que enfatizó que el Gobierno está dispuesto a alcanzar acuerdos, pero no bajo condiciones de violencia o bloqueos. El jefe de esa cartera instruyó al viceministro Rondón para que priorizara la seguridad y los derechos de los ciudadanos afectados por las manifestaciones.

El Gobierno reiteró su disposición a mantener las puertas abiertas al diálogo con las comunidades indígenas, siempre y cuando las protestas se desarrollen dentro del marco de la ley y sin recurrir a vías de hecho. Rondón concluyó que las grandes plataformas indígenas emitirán próximamente un comunicado rechazando los actos violentos y reafirmando su compromiso con la protesta pacífica.

“Estamos con las puertas abiertas para el diálogo, pero esto no tiene nada que ver con acciones que sean de agresión a otros ciudadanos que las grandes plataformas indígenas próximamente sacarán un comunicado rechazando estas acciones de violencia”, concluyó el viceministro del Interior.

La situación en Bogotá refleja los desafíos que enfrenta el Gobierno nacional para equilibrar el derecho a la protesta social con la necesidad de garantizar el orden público. Aunque se habían logrado avances en las negociaciones, los actos violentos registrados en el centro de la ciudad han complicado el panorama y generado tensiones entre las autoridades y las comunidades indígenas.

El caso también pone de manifiesto la diversidad de actores dentro del movimiento indígena en Colombia, donde no todas las organizaciones comparten los mismos objetivos o métodos de protesta. Mientras tanto, los habitantes de Bogotá esperan que se restablezca la normalidad en la movilidad y que se encuentren soluciones pacíficas a las demandas de las comunidades indígenas.