La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad y Compromiso, mostró su rechazo al Decreto 0391 de 2025 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, Bajo el argumento de que lejos de solucionar los problemas laborales en las universidades públicas, podría agravar la crisis financiera que atraviesan estas instituciones. A través de sus redes sociales, la congresista expresó su desacuerdo y alertó sobre las consecuencias que esta medida podría traer para el sistema de educación superior estatal en Colombia.
El decreto, promovido por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, establece lineamientos para que las universidades públicas avancen en la formalización laboral de su planta docente. En particular, busca reducir la precarización laboral mediante la creación de contratos estables bajo la carrera administrativa y concursos de méritos. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es mejorar las condiciones de los docentes que hoy trabajan en condiciones de inestabilidad.
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El ministro Rojas defendió la medida asegurando que “tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad”.
Además, el Ministerio de Educación explicó que este decreto se fundamenta en fallos previos de la Corte Constitucional, como la Sentencia C-006 de 1996, y responde a compromisos adquiridos por el Estado para fortalecer estructuralmente el sistema educativo superior público en el país.
Sin embargo, Jennifer Pedraza criticó la iniciativa del Gobierno al señalar que la formalización laboral no cuenta con los recursos suficientes para garantizar su implementación sin afectar las finanzas de las universidades.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista afirmó: “¡Lo que acaban de hacer con la aprobación de este decreto es profundizar la crisis de las universidades públicas! La formalización es una causa justa, pero sin recursos nuevos empujará a las universidades a la autofinanciación. ¡Las públicas siguen en crisis! Y la reforma a la Ley 30 (86 y 87) agonizando”.
En el video que acompañó su publicación, Pedraza explicó que si bien reconoce la importancia de mejorar las condiciones laborales de los profesores ocasionales y de cátedra, la falta de recursos específicos por parte del Gobierno obligará a las universidades a buscar financiamiento por cuenta propia. Según su análisis, este escenario podría acelerar la privatización de la educación pública, ya que las instituciones deberán generar ingresos adicionales para cumplir con las nuevas cargas laborales impuestas por el decreto.
“El decreto de formalización puede terminar siendo un tiro por la culata o una manzana envenenada para las universidades públicas porque coge un objetivo noble, que yo comparto y por el que he marchado incluso, que es mejorar las condiciones laborales de los profesores de cátedra y ocasionales, pero como no está acompañado de recursos suficientes de parte del Gobierno e incluso plantea como alternativa para financiar estos nuevos costos sobre la nómina de las universidades, la consecución de recursos propios, lo que va a terminar es profundizando la tendencia de privatización porque las universidades van a tener que rebuscarse estos recursos para financiar estas nuevas cargas en la nómina”, explicó la representante en su explicación.
Pedraza también destacó que, de acuerdo con cálculos del Gobierno, la formalización podría implicar la inclusión de hasta 60.000 profesores de cátedra y ocasionales a la planta docente. No obstante, señaló que este número es significativamente superior al de profesores de planta con los que actualmente cuenta la Universidad Nacional, que ronda entre los 2.000 y 3.000 docentes, por lo que la congresista advirtió que la magnitud de esta transformación requiere un aumento considerable en la base presupuestal de las universidades, algo que hasta el momento no fue garantizado por el Ejecutivo.
La legisladora también hizo referencia a la situación de la reforma de la Ley 30 de 1992, específicamente los artículos 86 y 87, que buscan aumentar los recursos destinados a las universidades públicas y saldar la deuda histórica acumulada en las últimas tres décadas. Según la congresista, el estancamiento de esta reforma y la falta de un financiamiento estructural para la educación superior dificultan la implementación de cualquier medida de formalización sin afectar la estabilidad económica de las instituciones educativas.
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