Proyecto que prohíbe las terapias de conversión en Colombia fue aprobado en la Cámara de Representantes: “Que a nadie se le obligue a reprimir quién es”

De forma unánime, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir las prácticas de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género, también conocidas como terapias de conversión.

La iniciativa, titulado “Quiérele siempre, porque no hay nada que curar”, no solo busca prevenir y sancionar estas prácticas, sino también promover la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género en todo el territorio colombiano.

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Durante el debate, la congresista Carolina Giraldo, una de las autoras del proyecto, enfatizó que esta iniciativa no está dirigida exclusivamente a la protección de la población Lgbtiq+, sino que busca garantizar los derechos de toda la ciudadanía.

“Busca que a nadie se le trate de imponer determinada identidad o se le obligue a reprimir quién es”, dijo la representante del partido Alianza Verde.

A su vez, la parlamentaria también respondió a la desinformación que circula en redes sociales, donde algunos sectores han señalado que este tipo de proyectos buscan “homosexualizar” o “transexualizar” a las personas, afirmaciones que, para Giraldo, carecen de fundamento.

Incluso, Giraldo precisó que su iniciativa fue presentado en tres ocasiones antes de lograr este primer respaldo unánime por parte de la Comisión Primera de la Cámara. Y pese a que en el transcurso del debate, hubo varias solicitudes de archivo a la propuesta, como fue el caso del representante del Centro Democrático, José Jaime Uscáteguí, que considera que la iniciativa era “desproporcionado y restrictivo contra la libertad de culto y el ejercicio profesional”, esta misma logró mantenerse en discusión y avanzar en el proceso legislativo.

“Avanza este proyecto para que nunca más a nadie le obliguen, a través de tratos crueles e inhumanos, a cambiar su orientación sexual o identidad de género”, explicó Giraldo en una publicación en sus redes sociales.

Uno de los puntos más debatidos del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue la creación de un delito autónomo en el Código Penal, bajo un nuevo capítulo titulado “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”. Este capítulo incluiría sanciones para quienes promuevan o realicen estas prácticas, con penas que podrían oscilar entre dos y seis años de prisión.

Dentro del articulado, se contempla que “aunque una persona diera su consentimiento o voluntariamente se sometiera a una práctica de conversión, quienes la practiquen podrían ser penalizados”, por lo que los congresistas hicieron un llamado para que en la siguiente discusión se detallara a fondo sobre el asunto.

Según el proyecto de ley, al menos 1 de cada 6 personas de la comunidad Lgbtiq+ en Colombia ha sido víctima de estas prácticas, lo que evidencia la magnitud del problema en el país. Aunque las cifras muestran que dicha comunidad es la más afectada por estas prácticas, la propuesta no se limita exclusivamente a su protección.

Al respecto, la representante especificó que la iniciativa busca garantizar los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este enfoque inclusivo refuerza el compromiso del proyecto con la igualdad y la dignidad humana.

El daño causado por las prácticas de conversión trasciende a las víctimas directas y afecta a la sociedad en su conjunto. Según los testimonios recopilados por las Naciones Unidas, estas prácticas perpetúan estigmas y prejuicios que refuerzan la discriminación hacia las personas Lgbtiq+. Además, generan un entorno de violencia y exclusión que limita el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad.

Por ahora, el proyecto de ley aún enfrenta un largo camino antes de convertirse en ley. Lo que le falta a la iniciativa es superar tres debates adicionales: uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos más en el Senado. Este último paso es particularmente significativo, ya que en una ocasión anterior, una propuesta similar fue archivada debido a la falta de quorum en el Senado, lo que impidió su discusión.