Tres ciudadanos venezolanos habrían sido secuestrados por las disidencias de las Farc en el Catatumbo: esto se sabe

En la mañana del miércoles 2 de abril de 2025, se conoció que tres ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron secuestrados por integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc que operan en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

En un video divulgado por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas en las redes sociales, aparecen tres hombres que se identificaron como Dios Ángel Solís, Ángelo Lozano y Pedro Lozano, en la que mencionaron que se encontraban detenidos por dicho grupo armado por supuestos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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“Nos encontramos retenidos por el frente 33 de las Farc, desde el día 29 de marzo (2025). Fuimos contratados por los señores alias Moisés y alias Piña, del ELN, que nos ofrecieron una mensualidad de cuatro millones de pesos por venir a combatir en contra de las Farc en el Catatumbo”, expresó uno de los secuestrados por el grupo armado.

Así mismo, los retenidos por el Frente 33 aseguraron que “recibimos coordenadas de llegada a Bellavista del Tarra”, sosteniendo que en ese punto fueron sorprendidos por milicianos de las disidencias de las Farc.

“Hoy día damos gracias a la Farc porque a pesar de lo que comprobaron, nos respetaron la vida y nos dieron un buen trato, no tuvimos problemas y gracias a Dios todos estamos bien”, manifestaron.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad de este material audiovisual.

El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una de las regiones más conflictivas de Colombia debido a la presencia de diversos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones dedicadas al narcotráfico. Esta zona, caracterizada por su densa selva y su difícil acceso, se ha convertido en un escenario recurrente de enfrentamientos entre estos grupos, que buscan controlar las rutas del narcotráfico y otros recursos estratégicos.

La retención de los tres ciudadanos de nacionalidad extranjera se suma a la denuncia de posible reclutamiento forzado de menores de edad, especialmente de nacionalidad venezolana, por parte de grupos armados ilegales en la región del norte colombiano.

Según reveló el medio local La Opinión, el reclutamiento de menores de edad, principalmente de nacionalidad extranjera, se debe al desplazamiento de más de 60.000 personas que decidieron abandonar sus viviendas y llegar hasta los cascos urbanos del departamento de Norte de Santander, a causa de los combates entre los grupos armados, que iniciaron en enero de 2025.

Pese a que el fenómeno del reclutamiento de menores no es nuevo, ha adquirido una dimensión preocupante en los últimos años, coincidiendo con las sucesivas olas migratorias provenientes de Venezuela. Según explicó un experto en asuntos fronterizos al citado medio de comunicación, desde 2018 se ha observado un incremento en las estrategias de captación de migrantes por parte de los grupos armados. Este periodo coincide con la denominada “quinta ola” de migración venezolana, caracterizada por la llegada de personas en situaciones de extrema pobreza y con escasos recursos para subsistir.

“Desde el 2018 para acá, ellos vienen haciendo trabajos de captación de venezolanos, que coincide con la quinta ola de migración de ciudadanos de ese país, caracterizada por ser la más vulnerable, de más bajos recursos y la que más dificultades traía, por su precariedad económica, y por lo tanto son más fáciles de captar”, explicó.

Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han generado una crisis humanitaria en Norte de Santander, con miles de personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Según reportes oficiales, más de 60.000 personas han sido desplazadas hacia los cascos urbanos de la región desde el inicio de los combates en enero de 2025. Este desplazamiento masivo ha dejado a muchas familias en condiciones de desamparo, lo que incrementa la vulnerabilidad de los menores de edad, especialmente aquellos de origen venezolano.