El embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, decidió no conciliar con el senador JP Hernández y, en cambio, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se inicie una investigación en su contra por los presuntos delitos de soborno y hostigamiento agravado.
Según declaraciones de su abogado Mauricio Pava, existen testimonios que apuntan a que Hernández habría ofrecido dádivas y promesas a testigos para que declararan en contra de Barreras.
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De acuerdo con lo informado, el equipo legal del embajador presentó pruebas ante la Corte que respaldan estas acusaciones. Según Pava, tres testigos han señalado que recibieron incentivos para emitir declaraciones falsas contra Barreras, lo que, según el abogado, constituye un abuso del sistema judicial.
“No hay ánimo conciliatorio. Vamos a pedir a la Corte que avance contra el senador JP Hernández, porque hay un patrón de mendacidad y difamación en su actuar contra el embajador Roy Barreras”, afirmó Pava en declaraciones a la prensa.
El abogado del embajador explicó que las pruebas presentadas ante la Corte incluyen declaraciones de testigos que aseguran haber sido sobornados para perjudicar a Barreras.
Según Pava, estas acciones no solo afectan la reputación del embajador, sino que también representan un uso indebido del sistema judicial.
“Con la justicia no se puede abusar ni construir un nombre a costa de la reputación de otra persona”, señaló.
El abogado también destacó que estas acusaciones surgen en un contexto político delicado, con la proximidad de una nueva campaña electoral. Según Pava, este tipo de comportamientos no solo afectan a las personas involucradas, sino que también contribuyen a un clima de desinformación y hostilidad que perjudica a la democracia colombiana.
“El país está agotado de procesos de desinformación, de posverdad y de la fabricación de teorías en contra de figuras públicas”, añadió.
Por su parte, el embajador Roy Barreras fue enfático al descartar cualquier posibilidad de conciliación con el senador JP Hernández. En declaraciones recogidas por los medios, Barreras afirmó que quienes cometen delitos graves y contribuyen a la polarización del país deben enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
“Nosotros no vamos a conciliar. Esperamos que quien comete delitos severos y destruye la democracia, en esa técnica perversa de difamar y calumniar, tenga que ir a juicio”, expresó.
Barreras también criticó lo que calificó como una estrategia de convertir a Colombia en un “pantano de odios”, señalando que este tipo de prácticas no resuelven los problemas del país y solo agravan la división social. Según el embajador, las acciones atribuidas al senador Hernández no solo afectan su reputación personal, sino que también representan un ataque a los valores democráticos.
“Convertir a Colombia en un pantano de odios que no le resuelve ningún problema a los colombianos, pues tienen que ir a juicio y desafortunadamente el señor JP, digo, desafortunadamente para él ha cometido varios delitos como denunciamos hoy”, concluyó el embajador de Colombia en el Reino Unido.
La solicitud de investigación presentada por el equipo legal de Barreras podría derivar en una nueva acción penal contra el senador JP Hernández, basada en los testimonios y pruebas recopilados por la Corte Suprema de Justicia. Según el abogado Mauricio Pava, los delitos denunciados son recientes y están respaldados por declaraciones de testigos que han señalado directamente al senador como responsable de sobornos y promesas indebidas.
El caso también pone de manifiesto un problema más amplio relacionado con el uso del sistema judicial como herramienta de confrontación política. Tanto Barreras como su abogado han subrayado la importancia de combatir este tipo de prácticas para preservar la integridad de las instituciones democráticas en Colombia. “No se puede abusar del aparato judicial ni construir un nombre a costa de la reputación de otro”, reiteró Pava.
En sus declaraciones, el embajador Barreras destacó la importancia de establecer límites claros en el debate político, especialmente en un momento en que el país se prepara para una nueva campaña electoral. Según el embajador, es fundamental que las instituciones actúen con firmeza para evitar que la desinformación y las calumnias se conviertan en herramientas habituales de la política colombiana.
El caso entre Barreras y Hernández no solo tiene implicaciones legales, sino que también plantea preguntas sobre el estado del debate público en Colombia y la necesidad de promover un clima de respeto y transparencia en la vida política. Mientras tanto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia será clave para determinar el curso de esta controversia y sus posibles repercusiones en el ámbito político y judicial del país.
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