El juzgado primero penal especializado de Valledupar emitió el sentido de fallo condenatorio contra los responsables del homicidio de Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar administrativa de la Registraduría de Gamarra, que murió calcinada en un acto de violencia ocurrido el 28 de octubre de 2023.
Según informó el tribunal, los acusados enfrentarán penas de mínimo 20 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio.
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Es preciso recordar que los hechos se desencadenaron en medio de una protesta que inicialmente parecía pacífica, pero que escaló hasta convertirse en una asonada violenta.
La turba, enardecida por la decisión del Consejo Nacional Electoral de retirar el aval al candidato de su preferencia, atacó la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra (Cesar). Durante el ataque, unas personas arrojaron gasolina al edificio y a los funcionarios que intentaban escapar, lo que resultó en una tragedia que conmocionó al país.
La indignación de la comunidad y la presión social llevaron a las autoridades a actuar con rapidez. Por ello, cinco personas fueron capturadas y judicializadas por su participación en los hechos. Entre los detenidos se encuentran Yuverlis Bermúdez, Isaías Peña Oliveros, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio. Por su parte, Julio Rojas Marín recibió detención domiciliaria bajo la acusación de violencia contra un servidor público.
La Fiscalía también señaló que los implicados planearon la asonada con el objetivo de impedir las elecciones y destruir los tarjetones electorales. Sin embargo, otro de los presuntos responsables, Cristian Yesid Lobo Pacheco, continúa prófugo de la justicia.
Entre tanto, se conoció que Wilfrido Campos se acogió a un principio de oportunidad, colaborando como testigo para entregar información que permita dar con los autores intelectuales del hecho criminal.
Una jornada electoral marcada por la violencia
El 28 de octubre de 2023, la Registraduría de Gamarra se preparaba para las elecciones locales en las que se elegirían alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Sin embargo, lo que debía ser una jornada democrática se transformó en un episodio de caos y extrema violencia.
Un grupo de manifestantes exigía garantías para ejercer su derecho al voto, pero la protesta se tornó violenta cuando algunos inescrupulosos dirigieron su furia hacia las instalaciones de la Registraduría.
El fuego, iniciado por los atacantes, se propagó rápidamente, consumiendo papelería electoral y atrapando a los funcionarios dentro del edificio. Entre las víctimas se encontraba Duperly Arévalo Carrascal, de 43 años, que no logró escapar de las llamas y falleció en el lugar.
La muerte de Duperly Arévalo Carrascal dejó un vacío irreparable en su familia. Madre soltera de dos hijos de 13 y 7 años, trabajaba como auxiliar administrativa en la Registraduría desde 2018.
Otras dos mujeres también resultaron gravemente afectadas. Ofelia Patricia Castro Roca, registradora municipal, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que la mantuvieron 60 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander.
El caso más crítico es el de Rosenda Contreras, otra auxiliar administrativa, que permanece en estado vegetativo permanente. Tras ser dada de alta en Bucaramanga, fue trasladada a Gamarra, donde continúa conectada a un ventilador mecánico, sin mostrar señales de recuperación.
Ante toda la tragedia desatada, un funcionario de la Registraduría Nacional en el Cesar expresó, citado por El Tiempo: “Como entidad y como país esperamos que un caso como este no se vuelva a repetir en ningún municipio de Colombia”.
Mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía continúa investigando para identificar a los responsables intelectuales de este ataque y a la persona que está prófuga de la justicia.
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