César Manrique, director de Función Pública en el Gobierno Petro, fue condenado por detrimento patrimonial: esta será su pena

César Manrique, que fungió como director del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue encontrado culpable de una serie de irregularidades relacionadas con la adquisición de motocicletas eléctricas durante la alcaldía del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en Bogotá. Un caso al margen del que protagoniza por estar inmerso en el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd.

De acuerdo con el juez primero de conocimiento de Bogotá, Manrique fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, fue absuelto del cargo de peculado por apropiación. Este fallo se origina en un caso que ha tardado más de una década en resolverse.

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Manrique fue hallado responsable de las irregulares encontradas en un contrato firmado el 28 de agosto de 2012, con el que se compraron 100 motocicletas eléctricas por un valor de $4.357 millones. Estos vehículos, destinados a optimizar las operaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, no se utilizaron y terminaron convertidos en chatarra; pues nunca entraron en funcionamiento.

“Con base en la valoración crítica, razonada, del material probatorio y los preceptos legales aplicables, este despacho hace el siguiente pronunciamiento: declara a César Augusto Manrique responsable penalmente, como coautor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales”, indicó el togado.

Aunque en su determinación, Manrique fue absuelto por el punible de peculado por apropiación. Los automotores eran tipo Cross Marca Zero DS-ZF9, que no fueron empleados para su propósito, por lo que, en la consideración del juez, se configuró un detrimento patrimonial con este caso.

El proceso judicial contra el exfuncionario de Petro comenzó formalmente en noviembre de 2021, aunque las acusaciones se remontan a febrero de 2016. En aquel entonces, la Fiscalía imputó varios cargos al exfuncionario, entre ellos peculado por apropiación y la suscripción de contratos con irregularidades como miembro de la Administración distrital que gobernó entre 2012 y 2015.

El caso pasó por varias instancias, que incluyeron la intervención del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero con el que contó Manrique como titular de una dependencia estatal: desde agosto de 2022 hasta su renuncia, el 1 de noviembre de 2024; al verse inmerso en el megacaso de corrupción registrado en la Ungrd, por las denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Aunque la defensa intentó trasladar el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, argumentando que su cliente tenía derechos de fuero, tras su dimisión se determinó que el tribunal carecía de competencia para seguir con el juicio. Con ello, los argumentos de la defensa no lograron disuadir a las autoridades judiciales de continuar procesando los cargos.

De acuerdo con la Fiscalía General, el exfuncionario participó en una reunión en septiembre de 2023 con López, que por ese entonces era director de la Unidad, y en la que discutieron pautas para el pago de jugosas comisiones. La misma se habría celebrado en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), también participó Luis Carlos Barreto, ex subdirector de conocimiento de la Ungrd.

En ese encuentro, según la información recolectada por el ente acusador, estuvo presente el que ofició como director de la ANT Gerardo Vega, con el objetivo de modificar el valor de un convenio y transferir cerca de $100.000 millones a la entidad del riesgo. Según la evidencia recolectada, parte del propósito de la reunión era acordar el pago de una coima del 7% sobre ese monto.