El 27 de diciembre de 2024, Carlos Estiben Morales caminaba tranquilamente por las calles de Bogotá cuando un grupo de uniformados de la Policía Nacional lo abordó. Para él, todo parecía un control de rutina, pero en cuestión de minutos, estaba esposado y bajo custodia.
Su sorpresa fue mayúscula cuando le informaron que tenía una condena de 96 meses de prisión por un delito del que jamás había oído hablar.
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“Cuando me pidieron la cédula y me preguntaron si tenía un proceso pendiente, les dije que no. Pero en segundos estaba esposado y camino a la URI de Paloquemao. Ahí me informaron que tenía una condena en mi contra”, recordó Morales según la Revista Cambio. Desde ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla.
La orden de captura contra Morales había sido expedida el 18 de noviembre de 2024, basándose en una sentencia que lo declaraba culpable de hurto calificado y agravado. Sin comprender lo que estaba ocurriendo, fue llevado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y luego trasladado a la Estación de Policía de Suba. Desde allí, el proceso avanzó rápidamente: primero lo enviaron a la cárcel La Picota y posteriormente a la Colonia Agrícola en Acacías (Meta), donde pasó más de tres meses privado de su libertad.
El joven convivió con otros internos sin entender cómo había terminado allí. Mientras tanto, su familia no cesó en la búsqueda de justicia. Fue en este punto cuando conocieron el Proyecto Inocencia, una iniciativa de la Universidad Manuela Beltrán que se ha dedicado a identificar errores judiciales y lograr la liberación de personas condenadas injustamente.
El equipo del Proyecto Inocencia, conformado por estudiantes y expertos en áreas como psicología, criminalística y derecho, analizó detalladamente el caso de Morales. Al revisar los archivos del proceso judicial, encontraron una serie de inconsistencias que demostraban que el joven no tenía relación alguna con el delito.
Uno de los hallazgos más importantes fue la diferencia entre el aspecto físico de Morales y el del verdadero autor del hurto, ocurrido el 1 de febrero de 2023 en la carrera Séptima con calle 32. En este robo violento, un delincuente intimidó con un arma cortopunzante a su víctima y luego se identificó ante las autoridades con el nombre y el número de cédula de Carlos Morales.
El problema surgió porque, tras la captura en flagrancia, la Policía no realizó una verificación dactilar adecuada. El verdadero criminal, tras declarar su inocencia y no asistir a las audiencias, fue condenado en ausencia, pero con los datos de Morales, lo que llevó a su captura meses después.
Los errores que lo llevaron a prisión
El caso de Morales evidenció serias fallas en el sistema judicial. Según el director del Proyecto Inocencia, Juan Carlos Cárdenas, el principal error fue la omisión en la comprobación de identidad luego de la captura del delincuente real. Además, se encontraron inconsistencias en el peritaje dactilar que debió contrastar la información con la base de datos de la Registraduría Nacional.
“El delincuente usó su nombre, posiblemente obtenido de un documento extraviado. En el proceso judicial, fue juzgado en ausencia y, al no asistir a las audiencias, fue condenado con los datos erróneos de Carlos Estiben”, explicó Cárdenas.
Gracias al trabajo de la Universidad Manuela Beltrán, se presentó un recurso ante el Juzgado de Ejecución de Penas de Acacías, el cual, tras verificar las pruebas, ordenó la liberación inmediata de Morales. Al salir de prisión, el joven expresó su alivio, pero también su indignación. “Voy a trabajar duro, a valorar cada día lo que tengo. Estos errores no deberían repetirse. La justicia debe ser más precisa para que nadie más viva lo que yo pasé”, afirmó Morales, tras reunirse con su familia y poniendo en evidencia la necesidad de mejorar los procesos judiciales para evitar que personas inocentes sean condenadas injustamente, pues su historia es una advertencia sobre las deficiencias del sistema y la importancia de contar con mecanismos efectivos para garantizar la verdadera justicia.
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